El candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo anunció que, en caso de llegar al Gobierno junto a Abelardo de la Espriella, impulsaría la eliminación del impuesto saludable que actualmente grava bebidas azucaradas y algunos alimentos ultraprocesados en Colombia.
Durante una entrevista radial, Restrepo manifestó que no comparte la permanencia de este gravamen y sostuvo que la medida ha significado un aumento en los costos para millones de consumidores, especialmente para las familias de menores ingresos. Según explicó, el impuesto termina afectando el bolsillo de los ciudadanos al encarecer productos de consumo frecuente.
La propuesta se suma a otras iniciativas económicas que ha venido defendiendo el exministro de Hacienda en el marco de la campaña presidencial de segunda vuelta. Restrepo ha insistido en que un eventual gobierno de su sector no aumentaría la carga tributaria sobre empresas ni personas naturales y buscaría estimular la actividad económica mediante incentivos a la producción y la inversión.
El debate sobre los impuestos saludables no es nuevo. Desde su entrada en vigencia, distintos sectores económicos y académicos han cuestionado sus efectos sobre la inflación y el consumo. En 2023, el propio Restrepo había expresado reparos frente a la medida, argumentando que genera una carga tributaria adicional para los ciudadanos y que existían dudas sobre el alcance real de sus beneficios en materia de salud pública.
Sin embargo, defensores del gravamen sostienen que el objetivo principal es desincentivar el consumo de productos asociados a enfermedades como obesidad, diabetes y afecciones cardiovasculares, además de contribuir a la financiación de programas públicos. La discusión ha cobrado nuevamente relevancia en medio de la campaña electoral, donde los temas económicos y tributarios ocupan un lugar central en las propuestas de los candidatos.
La eliminación del impuesto saludable implicaría un nuevo debate en el Congreso de la República, pues el tributo fue aprobado mediante una reforma tributaria y su modificación requeriría un trámite legislativo. Mientras tanto, la propuesta de Restrepo continúa generando reacciones tanto de sectores empresariales como de organizaciones que defienden políticas de salud pública.
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