El presidente Gustavo Petro ha decretado el 18 de marzo de 2025 como día cívico con el propósito de facilitar la participación de la ciudadanía en las marchas convocadas en respaldo a sus reformas sociales. Sin embargo, la medida ha generado controversia, y varios alcaldes y gobernadores han anunciado que no se sumarán a la iniciativa, manteniendo las actividades laborales con normalidad en sus territorios.
Uno de los primeros en rechazar el decreto fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien aseguró que la ciudad operará sin interrupciones y que todas las entidades públicas seguirán funcionando. En la misma línea, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, afirmó que su administración no se acogerá a la jornada cívica y que colegios, oficinas públicas y demás servicios se prestarán sin alteraciones.
Desde la costa Caribe, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, también se manifestó en contra del decreto presidencial, señalando que su gobierno garantizará el derecho a la protesta, pero sin suspender las actividades laborales. En el municipio de Rionegro, Antioquia, el alcalde Jorge Rivas adoptó una postura similar, indicando que la ciudad continuará con su agenda normal, incluyendo la entrega de obras a la comunidad.
Entre los mandatarios departamentales que han expresado su rechazo se encuentra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien afirmó que en su departamento se priorizará el trabajo y la productividad. Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, también señaló que en su región no se acogerá el día cívico, aunque mencionó que los funcionarios que deseen sumarse a la marcha tendrán los permisos necesarios.
El rechazo a la medida no solo proviene de los mandatarios locales, sino también de sectores políticos de oposición. Desde el partido Cambio Radical, el senador Carlos Fernando Motoa ha instado a los alcaldes y gobernadores a oponerse a la medida, argumentando que un decreto presidencial no puede interrumpir el normal funcionamiento de las instituciones.
A pesar de la negativa de estos gobernantes, el gobierno de Petro mantiene su convocatoria y ha reiterado que la intención del día cívico es promover la participación democrática y la discusión sobre sus reformas. No obstante, el debate sigue abierto sobre si esta decisión es una forma legítima de incentivar la movilización social o si, por el contrario, representa una interferencia en la autonomía de las entidades territoriales.
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