A medida que se agota el tiempo legislativo del actual Congreso —que concluirá su período en julio de 2026—, el gobierno del presidente Gustavo Petro intensifica su estrategia política y comunicacional para sacar adelante su agenda de reformas, especialmente el llamado “tridente” conformado por las reformas a la salud, laboral y pensional. Hasta el momento, solo la reforma a la salud se encuentra pendiente de aprobación, pues las otras dos ya avanzaron parcialmente o están en revisión en instancias legislativas o judiciales.
Con el proyecto de salud a punto de enfrentar su tercer debate en la Cámara de Representantes, el Ejecutivo ha lanzado una ofensiva política para presionar su aprobación. Esta incluye intervenciones públicas del presidente Petro, una movilización social planeada para ejercer presión desde las calles, y un discurso que busca presentar estas reformas como esenciales para cumplir con el mandato popular que lo eligió.
Paralelamente, el gobierno también tiene entre sus prioridades la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2026 y una nueva reforma tributaria que se calcula en 19 billones de pesos, la cual aún no ha sido radicada oficialmente pero se anticipa como clave para sostener financieramente los programas sociales y los compromisos derivados de las reformas estructurales.
Frente a los obstáculos políticos, el gobierno parece optar por una combinación de presión institucional, convocatoria a la ciudadanía y una narrativa centrada en la justicia social para forzar al Congreso a pronunciarse favorablemente. Con el reloj legislativo corriendo, la Casa de Nariño busca cerrar su segundo año de gestión mostrando avances significativos en su propuesta de transformación del Estado y del modelo económico y social.
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