Durante la presidencia del senador Efraín Cepeda en la mesa directiva del Senado de la República, entre julio de 2023 y julio de 2024, se celebraron 2.211 contratos por un valor total de $302.000 millones, según una investigación periodística. Aunque estos procesos contractuales fueron ejecutados formalmente por la Dirección Administrativa del Senado —la dependencia encargada de la gestión y ejecución presupuestal—, los beneficiarios de muchos de estos contratos tienen vínculos políticos estrechos con Cepeda o con su círculo de aliados en la región Caribe.
Entre los contratistas identificados se encuentran exconcejales, excongresistas, excandidatos y dirigentes políticos conservadores, muchos de ellos oriundos del Atlántico, Magdalena, Bolívar y otros departamentos de la Costa Caribe, donde Cepeda ha construido su fortaleza política. El patrón de contrataciones refleja una estrategia de consolidación de poder político mediante la asignación de cargos, contratos de prestación de servicios y asesorías, beneficiando a quienes han trabajado o respaldado al congresista o su entorno político.
Si bien la responsabilidad formal de las contrataciones recae en la Dirección Administrativa, expertos consultados señalan que en la práctica los presidentes del Congreso sí tienen capacidad de influir o sugerir nombres, perfiles y contratistas, sobre todo en áreas clave como las unidades de apoyo legislativo (UAL), las oficinas de protocolo y asesorías externas.
Este fenómeno plantea serios cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos como herramienta para premiar lealtades políticas, además de poner en duda la meritocracia y la transparencia en los procesos contractuales del Congreso. La noticia revive el debate sobre el clientelismo, el uso político de la contratación pública y la necesidad de reformas que garanticen mayor vigilancia y control sobre los recursos del legislativo.
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