El expresidente Juan Manuel Santos manifestó públicamente su rechazo al proyecto de ley que el Gobierno del presidente Gustavo Petro presentará ante el Congreso para regular el sometimiento de grupos armados ilegales en el marco de la política de “paz total”. Santos fue enfático al señalar que espera que el Congreso no apruebe esta iniciativa, al considerar que podría representar retrocesos en los estándares de justicia y verdad que se establecieron con el Acuerdo de Paz firmado con las FARC en 2016.
Durante su intervención, Santos expresó su preocupación por la forma en que el Gobierno está abordando los procesos con los grupos criminales, advirtiendo que no se pueden equiparar las negociaciones políticas con procesos de sometimiento judicial. Para el exmandatario, existe un riesgo de que se confunda a los actores armados con motivaciones políticas con estructuras puramente delincuenciales como el Clan del Golfo, lo cual podría debilitar el principio de justicia en aras de una paz mal entendida.
Además, Santos se refirió a las críticas emitidas recientemente por el Consejo de Seguridad de la ONU, que expresó su preocupación por los altos niveles de violencia que persisten en varias regiones del país, especialmente aquellas donde el Estado no ha logrado consolidar su presencia tras la firma del acuerdo con las FARC. En este sentido, el expresidente reiteró la necesidad de implementar de manera integral el Acuerdo de Paz, incluyendo su componente rural, el fortalecimiento de la justicia transicional y la protección a líderes sociales.
Santos también sugirió que el Gobierno debe prestar atención a las señales de alerta que provienen de la comunidad internacional y de las organizaciones defensoras de derechos humanos. En su opinión, una paz sostenible no se construye simplemente firmando acuerdos con grupos ilegales, sino cumpliendo con los compromisos ya adquiridos y consolidando un Estado de derecho fuerte y justo.
La posición de Santos contrasta con la apuesta del presidente Petro, quien ha impulsado la “paz total” como una estrategia para negociar simultáneamente con actores armados de diversa índole, desde insurgencias con motivaciones políticas hasta estructuras narcotraficantes. Esta divergencia revela tensiones dentro del espectro político que respaldó en su momento el Acuerdo de Paz y que hoy observa con escepticismo los nuevos caminos que está tomando el actual Gobierno.
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