El Congreso de la República enfrenta una fuerte presión en su última legislatura para saldar la deuda pendiente con el cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado en 2016. De los 18 proyectos de ley radicados en la pasada legislatura con el objetivo de avanzar en la implementación de dicho acuerdo, 13 se hundieron, cuatro continúan en trámite y solo uno fue convertido en ley, lo que evidencia el rezago legislativo en materia de paz.
Entre los proyectos que siguen pendientes se encuentran iniciativas clave como la ley ordinaria que permitiría poner en funcionamiento la Jurisdicción Agraria —un mecanismo diseñado para resolver conflictos sobre la tierra de forma rápida y especializada— y la ampliación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), instrumentos fundamentales para llevar inversión, infraestructura y justicia social a las regiones más golpeadas por el conflicto armado.
Estos retrasos legislativos comprometen seriamente el cumplimiento de los compromisos del Estado con la paz y cuestionan la voluntad política del Congreso. Aunque el Gobierno de Gustavo Petro ha insistido en que la implementación del Acuerdo de Paz es una prioridad, el escaso avance en el trámite legislativo de estas iniciativas pone en entredicho la posibilidad de consolidar transformaciones estructurales en el campo, la participación política y la reparación a las víctimas.
La Jurisdicción Agraria, por ejemplo, es una de las piezas centrales del Punto 1 del Acuerdo (reforma rural integral), y su implementación permitiría descongestionar la justicia ordinaria y atender de forma especializada los conflictos de tierra, que son una de las principales causas del conflicto armado en Colombia. Por su parte, los PDET han sido ampliamente respaldados por las comunidades, pero su desarrollo sigue siendo desigual y su cobertura, limitada.
A medida que se inicia la última legislatura del actual Congreso y del Gobierno Petro, el tiempo se agota para materializar estas reformas. Los sectores que defienden la implementación del acuerdo han alertado que, si no se aprueban los proyectos antes de mediados de 2026, se corre el riesgo de que un próximo gobierno con una visión diferente sobre la paz los archive definitivamente.
Organizaciones sociales, organismos internacionales y líderes comunitarios han insistido en la necesidad de que el Congreso asuma su responsabilidad histórica y actúe con urgencia. El balance actual deja al Legislativo en deuda con la paz territorial y con los compromisos adquiridos ante el país y la comunidad internacional.
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