El 1 de agosto de 2025, la jueza Sandra Liliana Heredia dictó una sentencia histórica en la política colombiana: el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La condena no solo contempla la reclusión en su residencia, sino también una multa de más de 3.444 millones de pesos colombianos y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por más de ocho años, lo cual marca un golpe profundo para su carrera política y el liderazgo del uribismo en Colombia.
El fallo, que genera un precedente inédito al ser la primera vez que un expresidente colombiano es condenado por la justicia ordinaria, ha provocado reacciones inmediatas y polarizadas en el espectro político y social del país. Desde sectores afines al expresidente —en especial el Centro Democrático y otros simpatizantes del uribismo— se anunció una movilización nacional para el próximo 7 de agosto, fecha simbólica por coincidir con la conmemoración de la Batalla de Boyacá y el tradicional cambio de mando presidencial.
Mientras tanto, voces de la oposición y defensores del Estado de Derecho han celebrado la decisión judicial como un triunfo de la institucionalidad y de la independencia del poder judicial. También se anticipa que la defensa de Uribe presentará recursos legales en la segunda instancia, en un proceso que podría prolongarse y seguir generando tensión política y mediática.
En paralelo, figuras del oficialismo y organizaciones de derechos humanos han reiterado la importancia de proteger a los jueces frente a posibles presiones indebidas o campañas de desprestigio. El caso, que ha tenido un alto grado de exposición pública desde hace varios años, continúa siendo un punto de quiebre en la historia reciente del país.
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