El debate en el Congreso por el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2026 encendió una nueva controversia política. Desde la oposición se lanzó una alerta al advertir que al menos tres artículos incluidos en el texto permitirían al presidente Gustavo Petro disponer de recursos y endeudamiento sin los controles habituales del Legislativo. Según los críticos, estas disposiciones abrirían la puerta para que el mandatario, en un año electoral, pueda redireccionar partidas de gasto, ampliar la deuda pública y manejar vigencias futuras con amplia discrecionalidad, lo que consideran un riesgo para la transparencia y el equilibrio de poderes.
La principal preocupación radica en que estas herramientas financieras otorgarían al Ejecutivo un margen de maniobra excepcional, precisamente cuando se avecina la campaña presidencial de 2026. Sectores de oposición señalan que se trataría de un mecanismo para fortalecer proyectos afines al Gobierno o favorecer intereses políticos en medio de la contienda electoral.
El Gobierno, por su parte, ha defendido el alcance del proyecto argumentando que las facultades extraordinarias son necesarias para enfrentar las tensiones fiscales del país. Asegura que sin estos ajustes podría generarse una “crisis financiera” que comprometería la estabilidad económica y el cumplimiento de compromisos de inversión social y de infraestructura. Además, subraya que no se trata de un cheque en blanco, sino de herramientas temporales para responder con mayor agilidad a las presiones del gasto público.
El pulso en el Congreso será clave: mientras la oposición prepara proposiciones para eliminar o modificar los artículos cuestionados, el oficialismo busca blindar el texto original con el respaldo de las bancadas cercanas al Gobierno. El desenlace no solo tendrá implicaciones económicas, sino también políticas, pues marcará la manera en que el presidente Petro podrá maniobrar en el último tramo de su mandato.
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