El presidente Gustavo Petro firmó la renuncia de Juan Florián, quien se desempeñaba como alto funcionario de su Gobierno, en medio de la controversia generada por la suspensión que ordenó el Tribunal Superior de Cundinamarca. La decisión judicial obligaba a apartar a Florián de su cargo de manera temporal, lo que llevó a la Casa de Nariño a buscar una fórmula legal que le permitiera cumplir con la medida sin comprometer la continuidad del funcionario en la administración.
De acuerdo con fuentes cercanas al Ejecutivo, la renuncia de Florián hace parte de una estrategia política y jurídica diseñada por el Gobierno. El objetivo es respetar tanto la orden judicial como la ley de paridad de género, norma que obliga a mantener un equilibrio en la representación de hombres y mujeres en cargos de alto nivel. Así, una vez se concrete el trámite de su salida, se prevé que el presidente lo nombre nuevamente y lo posesione en la misma cartera en cuestión de horas.
Este movimiento refleja el interés de Petro en mantener a Florián en su equipo, pese a las tensiones legales y las críticas que ha suscitado el caso. Para el Gobierno, la maniobra busca blindar la gestión del funcionario y dar cumplimiento a los requisitos normativos sin alterar el equilibrio político dentro de su gabinete. Sin embargo, la decisión también ha levantado cuestionamientos sobre la manera en que el Ejecutivo interpreta y aplica las disposiciones judiciales y legales en situaciones de alta sensibilidad política.
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