La reciente movida de Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), ante la Corte Constitucional revela menos un interés por agilizar la reforma agraria y más un intento de concentrar poder en el Ejecutivo.
Harman busca que la ANT pueda adjudicar tierras de manera definitiva mientras no existan jueces agrarios, dejando las resoluciones prácticamente inapelables. En otras palabras, el futuro del campesinado quedaría en manos de decisiones políticas, sin garantías jurídicas reales ni instancias de defensa.
El momento no es menor: la demanda llegó justo cuando la Corte vive tensiones internas y el caso fue asignado al magistrado Vladimir Fernández, cercano al presidente Petro. Un escenario que alimenta la sospecha de que no se trata de un proceso neutral.
Detrás del discurso de “eficiencia” se esconde el riesgo de un presidencialismo agrario, donde el reparto de tierras
depende de la voluntad del gobierno de turno, sin transparencia ni contrapesos.
La verdadera reforma agraria debería fortalecer la justicia agraria y garantizar tierras productivas, no abrir la puerta a un reparto discrecional que podría repetir viejos vicios de clientelismo.
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