El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella recuperará su esquema de seguridad tras una decisión judicial que le dio la razón frente a la Unidad Nacional de Protección (UNP). En julio de 2023, la entidad había emitido una resolución ordenando el retiro de dos motocicletas y cuatro policías que integraban el equipo encargado de su custodia. Aunque la medida no se ejecutó de inmediato, finalmente se hizo efectiva en julio de 2024, justo después de que el abogado y político oficializara su aspiración a la Presidencia de la República.
De la Espriella interpuso una acción judicial argumentando que la decisión de la UNP ponía en riesgo su integridad, más aún teniendo en cuenta su alto perfil público y la visibilidad que implica una campaña presidencial. El juez que analizó el caso le dio la razón, señalando que la seguridad de los líderes políticos es un asunto de interés general y que el Estado tiene la obligación de garantizar su protección en escenarios de riesgo.
Con esta determinación, la UNP deberá reintegrar de inmediato los elementos y personal retirados de su esquema, lo que representa un respaldo institucional al derecho de los candidatos de recibir garantías efectivas en el marco electoral. Este fallo también se inscribe en un contexto político sensible, pues ha generado debate sobre la imparcialidad y oportunidad de las decisiones de la UNP respecto a figuras de alto perfil en la contienda presidencial.
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