Gobierno de Gustavo Petro abrió un nuevo frente de debate con el anuncio de una mesa de diálogo con exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), liderada por el ministro del Interior, Armando Benedetti. En entrevista con Colombia+20, el funcionario explicó que el objetivo principal es que las verdades relacionadas con el paramilitarismo salgan a la luz pública antes del inicio formal de la campaña electoral, de modo que la sociedad pueda conocer de primera
mano los testimonios de antiguos jefes armados y estos, a su vez, cuenten con garantías y avanzar en la reparación a las víctimas.
La iniciativa, sin embargo, desató un fuerte debate político. Distintos expertos y analistas advierten que, si bien abrir la puerta a nuevas verdades sobre la violencia paramilitar es una medida necesaria para la memoria histórica y la justicia transicional, su implementación en un contexto electoral puede desencadenar consecuencias complejas e impredecibles. La presencia de exjefes paramilitares en escenarios públicos podría ser usada como arma política, polarizar aún más a la opinión pública y generar suspicacias sobre un eventual aprovechamiento electoral del proceso.
El tema toca fibras sensibles en el país, pues el paramilitarismo dejó profundas heridas sociales y políticas, y su relación con actores del Estado y la clase dirigente sigue siendo un asunto altamente polémico. Por ello, el anuncio del ministro Benedetti no solo se convierte en un reto para el Gobierno en materia de verdad, justicia y reparación, sino también en un riesgo político que podría afectar de manera directa la dinámica de las elecciones que se aproximan.
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