La reforma a la salud vuelve a encender un fuerte debate político en el país. Durante su más reciente plazoletazo en Ibagué, el presidente Gustavo Petro arremetió contra miembros de la Comisión Séptima del Senado, a quienes acusó de intentar frenar y sabotear el trámite del proyecto. El mandatario reiteró que la iniciativa busca garantizar el acceso universal, mejorar la atención en las regiones más apartadas y desmontar lo que él ha llamado la “intermediación financiera” de las EPS, modelo que, según él, mantiene profundos problemas de inequidad en el sistema.
El discurso de Petro coincidió con un momento clave, pues el proyecto se encuentra en discusión en el Senado, donde varios sectores han expresado resistencia. Congresistas de partidos de oposición y de algunas bancadas independientes han advertido que la reforma genera riesgos de concentración burocrática y podría desestabilizar la prestación de servicios de salud. Incluso dentro de la coalición de gobierno se han registrado tensiones sobre los alcances y la viabilidad financiera de la propuesta.
Mientras tanto, organizaciones sociales, sindicatos del sector y movimientos ciudadanos se mantienen activos en las calles y en espacios públicos, respaldando la iniciativa y presionando para que el Congreso la apruebe. Del otro lado, gremios médicos y expertos en política pública de la salud han pedido ajustes sustanciales antes de darle luz verde definitiva. El ambiente legislativo refleja así un pulso político de gran envergadura, en el que el Gobierno insiste en que se trata de una transformación estructural para garantizar el derecho a la salud, mientras los opositores lo ven como un riesgo de centralización y crisis institucional.
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