El Gobierno del presidente Gustavo Petro se para una intensa batalla política en el Congreso, donde buscará impulsar tres iniciativas clave que definirán su segundo tramo de mandato: la reforma a la salud, el presupuesto nacional de 2026 y la ley de sometimiento para organizaciones criminales. Estos tres proyectos constituyen el eje central de la agenda legislativa del Ejecutivo y, al mismo tiempo, el principal termómetro de su capacidad para mantener cohesionado su bloque político y movilizar a sus bases sociales.
La Casa de Nariño enfrenta un panorama complejo. Las mayorías en el Congreso ya no le son favorables, especialmente después de la fragmentación de alianzas con partidos tradicionales y de los tropiezos que han tenido las reformas sociales en las comisiones. Ante esto, el Gobierno ha desplegado una estrategia de acercamientos a distintos niveles: desde reuniones con congresistas de sectores independientes y alternativos, hasta contactos con dirigentes regionales que puedan servir de puente con el Legislativo.
En el caso de la reforma a la salud, el Ejecutivo insiste en que debe ser aprobada antes de que finalice el año para garantizar la continuidad de su modelo de atención primaria y el fortalecimiento de la red pública hospitalaria. Sin embargo, los sectores de oposición y varios congresistas moderados han mostrado resistencia, advirtiendo sobre los riesgos financieros y administrativos de desmontar el sistema actual.
El presupuesto general de la Nación para 2026 es otro punto de fricción. Aunque el Gobierno busca mantener la inversión social y ampliar la cobertura de programas como “Hambre Cero” y “Renta Ciudadana”, las restricciones fiscales y las advertencias de organismos económicos sobre el déficit ponen en entredicho la viabilidad de los recursos proyectados. La aprobación del presupuesto será, además, una muestra del poder de negociación del Ministerio de Hacienda ante un Congreso cada vez más fragmentado.
Por último, la ley de sometimiento pretende ofrecer un marco jurídico para la desmovilización de estructuras criminales, especialmente las dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal. No obstante, este proyecto genera divisiones incluso dentro de la coalición petrista, pues algunos sectores temen que otorgue beneficios excesivos sin garantizar verdad y reparación a las víctimas.
En conjunto, estos tres ejes marcarán el pulso político de las próximas semanas. El Gobierno busca que el Congreso se convierta en escenario de movilización y reafirmación de su proyecto de cambio, mientras la oposición se prepara para frenar lo que considera una agenda desequilibrada y sin consenso técnico. El resultado de estas discusiones podría redefinir el rumbo político del país en el tramo final del gobierno de Petro.
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