El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha iniciado una fuerte movida administrativa y presupuestal para blindar su política de “paz total”, una de las banderas centrales de su gestión. A través de distintas entidades vinculadas al Alto Comisionado para la Paz, se han destinado más de 20.000 millones de pesos en contratos orientados a garantizar la continuidad de los procesos de diálogo y las actividades asociadas a este ambicioso proyecto. Los recursos se están usando para eventos, viajes, logística, seguridad y apoyo técnico, todo en medio de un contexto político y legal complejo.
El despliegue económico busca anticiparse a las restricciones de la Ley de Garantías Electorales, que limitarán la contratación pública durante el periodo previo a las elecciones regionales de 2026. Además, responde a la incertidumbre jurídica que afecta la implementación de los acuerdos con grupos armados, debido a la ausencia de un marco de sometimiento penal que permita consolidar los avances en las negociaciones con organizaciones como el ELN y las disidencias de las FARC.
Dentro de esta estrategia, el Ejecutivo pretende fortalecer la presencia institucional en los territorios más golpeados por el conflicto, garantizar la seguridad de los equipos de negociación y mantener activa la agenda de diálogo antes de que las limitaciones electorales frenen la contratación pública. El propósito de fondo, según fuentes del propio Gobierno, es dar sostenibilidad y visibilidad política a la paz total, en momentos en que el proyecto enfrenta críticas por sus lentos resultados y por la falta de instrumentos legales concretos para la desmovilización y reintegración de los grupos armados.
En términos políticos, la millonaria inversión también busca mantener el impulso del Gobierno en un tema sensible y de alto valor simbólico, justo cuando el país entra en una etapa de polarización preelectoral. Mientras tanto, sectores de la oposición han advertido que el uso intensivo de recursos públicos en torno a la paz podría tener fines propagandísticos y electorales, aunque el Ejecutivo insiste en que los contratos responden únicamente a compromisos administrativos y técnicos esenciales para el funcionamiento de la política de paz.
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