La administración del presidente Gustavo Petro ha firmado una serie de contratos millonarios con el propósito de fortalecer la política de “Paz Total”, mediante la logística, seguridad, viajes y remuneración de negociadores y asesores involucrados en los diálogos con grupos armados ilegales y bandas criminales en Colombia.
¿Por qué estos contratos?
• Están motivados en parte para adelantarse a la Ley de Garantías Electorales, que podría limitar la ejecución de ciertos contratos una vez entre en vigencia.
• También porque aún no ha sido aprobado un marco legal claro de sometimiento, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad de los diálogos si no hay soporte jurídico definido.
Montos y principales rubros
• En total, estos contratos se calculan en más de COP 20.000 millones.
• Se han destinado cerca de COP 16.000 millones desde la Consejería Comisionada de Paz para logística, negociadores y asesores.
• Adicionalmente, alrededor de COP 6.500 millones los está ejecutando la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde finales de junio para la seguridad de quienes participan en los procesos de negociación.
Contratos específicos destacados
• Convenio entre el Fondo Paz y la empresa estatal 4-72 (Servicios Postales Nacionales): por COP 10.000 millones para producir eventos, encuentros y actividades en los próximos cuatro meses. Se contemplan al menos 170 eventos con grupos como disidencias de alias Calarcá, el Frente Comuneros del Sur (Nariño), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (facción de la Segunda Marquetalia) y bandas en Buenaventura, Medellín, Quibdó.
• Contratación de tiquetes aéreos por COP 1.000 millones para viajes nacionales e internacionales de la Consejería Comisionada de Paz y Fondo Paz: reuniones logísticas, encuentros comunitarios, firmas de acuerdos, destrucción de material bélico, etcétera.
• Un contrato de COP 319 millones con el Comando de Ingenieros Militares para la destrucción de material de guerra; otro de COP 810 millones con la División de Asalto Aéreo para horas de vuelo necesarias en los desplazamientos de personal o traslado de bienes relacionados con las mesas de diálogo.
Remuneraciones de negociadores
• Se han renovado contratos para varios negociadores o asesores clave, aún en casos en que algunos diálogos están suspendidos. Ejemplos:
• Vera Grabe: COP 175 millones.
• Feliciano Valencia: COP 117 millones.
• Yezid Arteta: COP 117 millones.
• Rodrigo Botero: COP 91 millones.
• Fabio Valencia
Cossio: COP 117 millones.
Críticas y desafíos
• Hay cuestionamientos respecto a que algunos de estos contratos se mantienen o se adelantan incluso cuando los diálogos con ciertos grupos están suspendidos (como con el ELN en algunos momentos).
• También se señala la falta de un marco jurídico claro de sometimiento, lo que podría dejar abiertas muchas responsabilidades legales, interpretación y legitimidad de las negociaciones.
• En algunos sectores se cuestiona que los costos sean altos, y se pregunta si los recursos están siendo usados con transparencia suficiente.
Propósito y estrategia
El gobierno lo que busca con estas contrataciones es asegurar que los mecanismos del diálogo, los espacios de negociación, los procesos de verificación, los desplazamientos, la seguridad y las actividades públicas ligadas a la paz total no se interrumpan por formalismos legales, por la llegada de la Ley de Garantías o por vacíos jurídicos. Es decir, tratar de blindar administrativamente lo que considera una política clave de la presidencia.
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