El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, se pronunció en medio de la creciente controversia política por los millonarios contratos asociados a la estrategia de “paz total” y por el incierto panorama de los diálogos con el ELN. En una entrevista reciente, Patiño reconoció que la coyuntura política está impactando el trabajo de su despacho y admitió que “el torbellino político nos coge y nos arrasa”, en alusión a las críticas y tensiones que enfrenta el Gobierno en torno a los procesos de negociación con grupos armados y al uso de recursos públicos para fortalecer esa política.
El funcionario explicó que, pese a la tormenta mediática y política, la Oficina del Alto Comisionado continúa trabajando en el restablecimiento de las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), suspendidas temporalmente tras los incumplimientos y los recientes atentados atribuidos a esa guerrilla. Patiño aseguró que se están evaluando nuevas condiciones para retomar la mesa, buscando que haya garantías de cumplimiento y avances reales en los acuerdos, especialmente en materia de alivios humanitarios y desescalamiento del conflicto.
Asimismo, defendió los contratos firmados por su oficina, argumentando que todos tienen un propósito legítimo dentro de la política de paz y que se han ejecutado conforme a la ley. Según Patiño, parte de esos recursos se destinan a la organización de eventos, seguridad, logística y promoción de los espacios de diálogo, lo que considera esencial para mantener la infraestructura de negociación activa. También hizo referencia al proyecto de ley de sometimiento, que busca ofrecer salidas jurídicas a estructuras criminales no insurgentes, señalando que su discusión en el Congreso será crucial para avanzar hacia una paz integral que abarque tanto a grupos armados ilegales como al crimen organizado.
El comisionado insistió en que la paz no puede quedar supeditada al clima político y pidió respaldo institucional para que el proceso no se vea truncado por intereses electorales o disputas partidistas. Su intervención se da en un momento en que el Gobierno enfrenta crecientes cuestionamientos sobre la transparencia de la contratación en el marco de la “paz total” y la efectividad de los diálogos con los distintos actores armados.
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