La columna de Laura Ardila Arrieta aborda de manera crítica la dinámica política en el municipio de Buenavista (subregión del San Jorge, departamento de Córdoba), donde convergen tres fenómenos: la historia del despojo de tierras, la declaración de Buenavista como primer distrito de reforma agraria en Colombia y el riesgo de que esos procesos se conviertan en instrumento de maquinaria electoral.
La autora recuerda que en octubre de 2024 el Gobierno declaró Buenavista como primer distrito de reforma agraria y entregó allí 8.430 hectáreas de tierras —antes en poder de señores de la guerra— a 19 asociaciones campesinas, beneficiando provisionalmente a 405 familias.
Según Ardila Arrieta, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) —con dirección de Juan Felipe Harman— informaba de mano dura frente al acaparamiento de baldíos, señalando incluso a congresistas del departamento de Córdoba, entre ellos a la representante Ana Paola García Soto, a quien vinculó con familiares implicados en dicho delito.
El eje central del análisis es la candidatura al Congreso del excontratista de la ANT, Miguel Leonardo Martín Peña, quien renunció a su cargo en la entidad y lanzó campaña a la Cámara por Córdoba sólo días después. En la columna se describe cómo Martín Peña, que había sido vinculado a la ANT en labores de prensa y luego en la organización de los comités municipales de reforma agraria, aparece como “cara” del proceso de entrega de tierras en Córdoba, lo que le habría concedido una base de respaldo en las asociaciones beneficiadas.
Ardila Arrieta describe que este aspirante convocó a cientos de campesinos del municipio de Buenavista al lanzamiento oficial de su candidatura, pidiéndoles llevar los productos cosechados en los predios que él había intervenido en su anterior función.
Además, se menciona que la maquinaria política de la representante Ana Paola García, cuyo esposo es el poderoso político local Félix Gutiérrez (mencionado en procesos delictivos según exmiembros del Clan del Golfo), estaba respaldando esta candidatura.
La mezcla de lo estatal con lo electoral es profundamente cuestionada por la autora, quien señala que el uso de la función pública (la gestión de la ANT) pudo servir como plataforma para estructurar apoyo político: “Aquí todos vamos con el 02 (el número de Miguel Martín hoy en la consulta) a la Cámara”, dice un líder buenavistero citado en la columna.
Ardila Arrieta remite al auge de las viejas maquinarias tradicionales de política en Córdoba, evocando incluso la figura de Ñoño Elías y su simbología del clientelismo —ejemplo de cómo la gestión pública puede convertirse en agradecimiento electoral.
La periodista advierte que aunque la reforma agraria es una reivindicación legítima para las víctimas y campesinos, corre el peligro de ser utilizada como “saqueo del saqueo político” por quienes manejan los hilos de la política local. Como resumen: en Buenavista se concentra un “microcosmos” de la historia del despojo, la esperanza de la reforma, y el riesgo de la perpetuación del saqueo, tal como lo expresa el título de la columna.
El artículo de Laura Ardila Arrieta opera como una alerta sobre la delgada línea entre el logro histórico de entregar tierras a campesinos y el aprovechamiento electoral que puede generarse: cuando un beneficiario de gestión estatal es a su vez candidato, y cuando la maquinaria política local se conecta con esos procesos, la legitimidad del proyecto se pone en cuestión.
Su énfasis no es atacar la reforma agraria per se, sino denunciar que el aparato estatal (la ANT, contratos, entrega de predios) puede transformarse en trampolín político, y que las asociaciones campesinas pueden verse presionadas o guiadas por liderazgos que les dicen “apóyenme porque yo lo gestioné”. El hecho de que un excontratista de dicha agencia convierta su rol técnico-administrativo en figura política es lo que para la columnista concentra el riesgo de “tierras por votos”.
Tras la jornada de consulta de la coalición Pacto Histórico, el candidato Miguel Leonardo Martín Peña obtuvo el segundo puesto en el departamento de Córdoba con más de 31.500 votos.
Este dato evidencia que su candidatura logró una significación electoral real, lo cual confirma la relevancia de los procesos que la columna describe.
About The Author
