El presidente Gustavo Petro volvió a dejar en claro que su política de paz total no significa renunciar al uso legítimo de la fuerza del Estado. En una declaración reciente, el mandatario informó que dio la orden al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Militares de llevar a cabo una operación de bombardeo y “disolución” de un frente perteneciente a las disidencias de Iván Mordisco en el departamento del Guaviare, un territorio históricamente marcado por la presencia de grupos armados y economías ilegales.
La decisión se conoce después de varios episodios de ruptura en los canales de diálogo que el Gobierno había abierto con estas estructuras, las cuales, según el alto gobierno, no han cumplido con los compromisos mínimos para avanzar en un cese al fuego real y verificable. Petro recordó que, desde el inicio de su mandato, ha autorizado operaciones militares contra dichas disidencias cuando han puesto en riesgo a la población civil, aunque también ha insistido en la necesidad de encontrar salidas negociadas que permitan desactivar el conflicto en los territorios.
En este caso, el Ejecutivo señaló que el frente afectado estaría involucrado en acciones de reclutamiento forzado de menores, control territorial armado y extorsiones en comunidades campesinas e indígenas, lo que llevó a la decisión de actuar de manera contundente. La operación tiene también un mensaje político: la paz total no es un “cheque en blanco” para quienes continúan con actividades criminales mientras simulan disposición de conversación.
La postura de Petro refuerza la tensión entre el ideal de una negociación amplia y la realidad de un conflicto en el que varios grupos armados siguen disputando zonas estratégicas. Con este anuncio, el Gobierno busca mostrar determinación frente a la opinión pública y enviar una señal directa a las estructuras que aún evalúan participar o no en procesos de diálogo: quien no avance hacia la dejación de armas y el fin de la violencia enfrentará la fuerza del Estado.
El episodio reabre el debate nacional sobre los límites de la paz total, la protección de los derechos humanos durante operaciones militares y el equilibrio entre negociación y presión armada. Sin embargo, el Gobierno sostiene que su objetivo sigue siendo el mismo: reducir el poder de los grupos armados y garantizar seguridad para las comunidades que, durante décadas, han vivido la guerra en sus propios territorios.
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