El presidente Gustavo Petro lanzó una de sus denuncias más delicadas en el marco preelectoral, al afirmar que existe un presunto plan para la compra de votos en Colombia orquestado desde Estados Unidos y articulado mediante supuestos flujos de dinero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Según el mandatario, “cientos de alcaldes” habrían puesto a disposición de esta operación las instituciones locales con el fin de permitir el ingreso de recursos destinados a alterar el resultado de las elecciones de 2026.
Petro sostuvo que la maniobra tendría como objetivo influir de manera decisiva en la contienda presidencial y legislativa, configurando un riesgo para la integridad democrática. Aunque no presentó detalles específicos sobre la ruta financiera o los actores involucrados, sí señaló que las señales detectadas por el Gobierno indicarían una “operación sistemática” para captar apoyos políticos mediante la compra directa de votos.
El mandatario advirtió que su administración reforzará los controles institucionales para impedir cualquier forma de injerencia extranjera en el proceso electoral, insistiendo en que la soberanía nacional y la transparencia del voto deben ser protegidas de manera estricta. Al mismo tiempo, instó a los entes de control y a la ciudadanía a estar atentos frente a movimientos inusuales en la contratación local, en la ejecución de programas y en el flujo de recursos internacionales hacia municipios.
La denuncia se produce en un ambiente político altamente polarizado, donde los actores territoriales ganan protagonismo y los partidos se reorganizan rumbo a 2026. Las declaraciones de Petro abren un nuevo debate sobre la vigilancia del financiamiento electoral y elevan la tensión entre el Gobierno y sectores que podrían verse aludidos por la acusación, al tiempo que ponen en el centro de la discusión el papel de la cooperación internacional y los límites de su interacción con la política interna colombiana.
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