Las campañas presidenciales en Colombia se movilizan con fuerza para cumplir con el requisito mínimo de firmas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hasta el 17 de noviembre, se registraron 91 grupos significativos de ciudadanos, lo que representa el mayor número de comités inscritos para este mecanismo en la historia reciente.
Cada uno de esos comités debe reunir al menos 635.216 firmas válidas, una cifra equivalente al 3 % de los votos emitidos en la primera vuelta presidencial de 2022, según los cálculos oficiales. Esto implica que la Registraduría tiene la monumental tarea de verificar cerca de 59 millones de rúbricas una vez que los documentos sean entregados.
Algunos precandidatos ya reportan avances contundentes. Héctor Olimpo Espinosa, exgobernador, ha entregado 1,7 millones de firmas a la Registraduría, superando con creces el mínimo exigido. Por su parte, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, logró recolectar más de un millón en una maratónica jornada de 24 horas que abarcó cientos de municipios y localidades en Bogotá, incluso organizando puntos de recolección pensando en trabajadores nocturnos como taxistas y domiciliarios.
La periodista Vicky Dávila también ha informado que superó la barrera del millón de firmas, lo que refleja el esfuerzo de su equipo por consolidar una candidatura con respaldo ciudadano. Mientras tanto, Mauricio Lizcano, exministro de las TIC, afirma haber recolectado 1,5 millones de firmas, y tiene previsto entregar sus formularios a la Registraduría el próximo 9 de diciembre.
Según la propia Registraduría, si todos los 91 grupos cumplen con el mínimo exigido, esto representaría una verificación histórica y logística compleja. El órgano electoral indicó que tiene plazo hasta el 21 de enero de 2026 para realizar la revisión de las rúbricas entregadas y certificar su validez.
Este escenario pone de relieve la vital importancia del mecanismo de firmas en estas elecciones: no solo como una vía independiente para inscribir candidaturas presidenciales, sino también como un reto logístico sin precedentes para la Registraduría, que debe asegurar transparencia y verificación rigurosa en medio de una contienda cada vez más concurrida.
En resumen, las campañas se juegan una carta clave: superar ampliamente el mínimo formal, para proteger sus aspiraciones frente a eventuales depuraciones en el proceso de verificación, y consolidar un aval ciudadano sólido que legitime su participación en las elecciones de 2026.
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