A menos de un mes del cierre de inscripciones para las elecciones de Congreso de 2026, las circunscripciones transitorias especiales de paz (CITREP), conocidas como curules de paz, enfrentan una repetición preocupante de los desafíos de la contienda de 2022. Estas 16 curules, establecidas en el marco del Acuerdo de Paz de 2016 para dar voz en el Congreso a las víctimas y a los territorios más golpeados por el conflicto armado, operan nuevamente bajo condiciones casi idénticas —pero en algunos aspectos aún más complicadas—.
Uno de los problemas más graves es el riesgo para la seguridad. En los territorios vinculados a estas curules persiste un ambiente de control armado, presión sobre liderazgos locales y violencia política. Según la Misión de Observación Electoral (MOE), entre enero y noviembre de 2025 se han reportado 369 hechos de violencia contra líderes sociales y comunitarios en esas zonas, y al menos 13 aspirantes a las curules han sido objeto de seguimiento por los Comités de Protección Electoral. Además, la MOE advierte que la violencia ha mutado: aunque bajan algunas formas de hostigamiento, los ataques se han vuelto más letales, con un aumento de asesinatos.
En el plano jurídico, hay un vacío normativo importante. El decreto que regulaba estas curules, el Decreto 1207 de 2021, fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional por vicios de procedimiento. El Ministerio del Interior tenía la tarea de proponer una nueva ley para subsanar esas lagunas —definir quiénes pueden postularse, cómo se financian las campañas, los requisitos electorales y logísticos—, pero según Colombia+20, esa iniciativa legal apenas fue radicada hace un mes, cuando ya está muy cerca la fecha límite de inscripción.
La financiación es otro de los grandes obstáculos. Las campañas para estas curules dependen casi por completo de anticipos estatales, pero esos recursos siguen siendo mínimos. La MOE ha denunciado que el anticipo proyectado apenas cubre un 5 % del tope de campaña, lo que resulta insuficiente para operar en territorios remotos, rurales y con alta dispersión geográfica. Además, las pólizas de seriedad —garantías financieras que exige el Consejo Nacional Electoral para liberar los anticipos estatales— continúan siendo prohibitivas para muchos candidatos, especialmente para víctimas con bajos recursos económicos.
Los problemas no son nuevos. Ya durante las elecciones de 2022 se advirtió que muchos candidatos no podían movilizarse eficientemente por falta de presupuesto, y que el cobro de esas pólizas dificultaba el acceso a los fondos públicos.
En este contexto, se alza una fuerte crítica desde distintos actores: desde la Misión de Observación Electoral hasta expertos en paz y representación. Denuncian que, sin una reforma efectiva y normativa clara, las curules de paz corren el riesgo de quedarse en simples símbolos, sin la capacidad real de representar a las víctimas ni garantizar condiciones igualitarias para todos los aspirantes.
En definitiva, cuando queda poco tiempo para las nuevas elecciones de estas curules, muchos ven un déjà vu inquietante: las promesas institucionales y legales para consolidar el pacto de representación política para las víctimas siguen flotando entre la inseguridad, la burocracia y la falta de recursos. Si no se corrigen estos problemas, el espíritu original de estas circunscripciones podría verse comprometido justo en el momento en que más se necesita su legitimidad y su capacidad para incidir.
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