La Delegación del Gobierno que participa en la mesa de diálogos con la disidencia de Iván Mordisco, conocida como la estructura de Mendoza, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General contra la precandidata presidencial Claudia López. Según el comunicado oficial, la acción judicial se fundamenta en las declaraciones de López, quien afirmó públicamente que las mesas de paz impulsadas por el Ejecutivo son “corrupción y concierto para delinquir”.
La delegación consideró que estas afirmaciones no solo deslegitiman el proceso en curso, sino que además ponen en riesgo a los negociadores y a quienes participan de los mecanismos establecidos para buscar una salida dialogada al conflicto. Para el Gobierno, las palabras de la exalcaldesa de Bogotá trascienden el plano político y configuran una imputación directa de conductas criminales sin pruebas, lo que justificaría la intervención de la Fiscalía.
El episodio se suma al clima de creciente polarización alrededor de la política de paz total. Mientras sectores críticos sostienen que algunos de estos diálogos carecen de transparencia y fortalecen a grupos armados, el Gobierno insiste en que las declaraciones de figuras públicas con alta exposición pueden erosionar la confianza en el proceso y alimentar narrativas que favorecen la continuidad del conflicto. La denuncia abre así un nuevo frente de choque entre el Ejecutivo y uno de los liderazgos opositores más visibles en la contienda hacia 2026.
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