La Agencia Nacional de Tierras (ANT) está bajo la lupa judicial tras denuncias por posibles irregularidades en la adquisición de predios que busca adjudicar — según lo planteado por el gobierno de Gustavo Petro — a campesinos y víctimas del conflicto armado antes de agosto de 2026.
Se señala que la ANT ha comprado propiedades mediante la figura de “enajenación temprana de bienes”, un mecanismo llamado a sustituir procesos judiciales aún no concluidos. Esa figura ya había sido declarada parcialmente inexequible por la Corte Constitucional en 2023, lo que pone en entredicho su uso actual.
Uno de los casos bajo escrutinio es el de una hacienda de 900 hectáreas en el Meta — una zona relevante para tierras rurales — cuya adquisición por parte de la ANT ha sido cuestionada por supuestamente no cumplir con los requisitos necesarios para una enajenación temprana. Según la defensa de los actuales poseedores, no existía una sentencia de extinción de dominio firme, por lo que la toma sería ilegal.
Las denuncias advierten sobre un posible “complot institucional” para apresurar la entrega de tierras antes del fin del mandato, con supuesta vulneración del derecho a la defensa de los propietarios.
Desde la ANT, su director — Juan Felipe Harman Ortiz — ha respondido que la institución está amparada en la ley vigente: afirma que sigue vigente la facultad de adquirir inmuebles rurales declarados para reparación de víctimas o por extinción de dominio, cuando su naturaleza o el riesgo de deterioro lo amerite.
Las cifras oficiales muestran que hasta el momento la ANT reporta haber entregado 271.903 hectáreas; sin embargo, apenas 56.008 han sido registradas formalmente. Muchas de las entregas permanecen como provisionales, lo que deja en evidencia un avance mínimo frente a la meta de 1,5 millones de hectáreas.
El tema ya despierta gran preocupación entre defensores de derechos de propiedad, víctimas del conflicto y sectores rurales que exigen transparencia en los procesos de compra, adquisición y entrega. La presión crece sobre autoridades judiciales y de control para que determinen responsabilidades.
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