Recientemente se revelaron documentos que indican que dos altos funcionarios del Estado —entre ellos el general Juan Miguel Huertas, del Ejército Nacional, y un funcionario de la inteligencia— podrían tener vínculos con las disidencias de Calarcá Córdoba, grupo armado señalado de graves delitos.
• El origen del escándalo proviene de archivos incautados en julio de 2024 durante un operativo en Anorí, Antioquia: computadores, memorias USB y otros dispositivos que, según lo publicado, revelarían comunicaciones y vínculos entre las disidencias y altos mandos del Estado.
• El caso ha generado una fuerte polémica política, pues pone en entredicho la integridad de instituciones clave de seguridad del país, especialmente de quienes tienen la responsabilidad de proteger al Estado.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, acudió al Congreso esta semana. Explicó que el reintegro del general Huertas en 2025 —durante el actual gobierno— fue una facultad legítima del Presidente como comandante supremo de la Fuerza Pública, con base en “razones objetivas orientadas al interés general y las necesidades del servicio”. No hubo proceso disciplinario previo.
• En cuanto a las alertas de inteligencia sobre supuestos vínculos con “Calarcá”, MinDefensa señala que esa información está bajo reserva legal. Asegura que solo se conoció del caso con la difusión mediática, tras lo cual ordenó misiones de contrainteligencia e inició una investigación disciplinaria contra Huertas.
• Por su parte, la UNP —dirigida por Augusto Rodríguez — admitió que tuvo conocimiento de las denuncias tras las revelaciones de prensa. En su respuesta al Senado, detalló que no había recibido alertas previas oficiales sobre la supuesta infiltración antes del informe mediático.
La acusación, de confirmarse, implicaría una grave infiltración de estructuras criminales en instituciones de seguridad del Estado, lo que comprometería no solo la credibilidad de dichas entidades, sino la seguridad nacional y los procesos de paz.
• El hecho de que un general haya sido reintegrado sin investigación previa levanta preguntas sobre los criterios de selección y el control interno en las Fuerzas Armadas.
• La opacidad que rodea a la gestión de inteligencia —con información clave bajo reserva legal— dificulta el escrutinio público y genera desconfianza ciudadana.
Que se conozca el resultado de las investigaciones disciplinaria y penal contra Huertas y el otro funcionario involucrado. Hasta ahora, el cargo solo se mantuvo mientras avanzan las pesquisas.
• Transparencia sobre si hubo alertas anteriores de inteligencia que no fueron tomadas en cuenta, o si existieron omisiones en la supervisión de los altos mandos.
• Que las conclusiones de la UNP y del Ministerio de Defensa se sometan a control independiente, para asegurar que no haya impunidad si se confirman los vínculos.
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