La Ley de paz total, una de las apuestas centrales del Gobierno del presidente Gustavo Petro para avanzar en la desmovilización y sometimiento de grupos armados y estructuras criminales, atraviesa un momento de profunda incertidumbre. Un documento conocido por Colombia+20 revela que el Ministerio de Justicia está evaluando seriamente si el proyecto de sometimiento penal puede continuar su trámite en el Congreso, lo que abre la puerta a un eventual retiro o replanteamiento de la iniciativa. Esta admisión oficial confirma que el Ejecutivo reconoce los obstáculos políticos, jurídicos y técnicos que hoy frenan la viabilidad de la ley.
La discusión se da en un contexto especialmente sensible. En el Congreso, el proyecto ha encontrado resistencias tanto en la oposición como en sectores independientes, que han advertido riesgos de impunidad, vacíos normativos y una supuesta falta de claridad en la diferenciación entre grupos armados con motivación política y bandas criminales de carácter puramente delincuencial. A esto se suman dudas sobre la constitucionalidad de algunos mecanismos propuestos y sobre la capacidad del Estado para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas.
El escenario se ha complicado aún más por las críticas al manejo que el Gobierno ha dado a varios procesos de diálogo y sometimiento. Persisten cuestionamientos sobre la falta de resultados concretos, la continuidad de la violencia en regiones donde operan estos grupos y los mensajes contradictorios enviados desde distintas instancias del Ejecutivo. En ese clima de desconfianza, el escándalo por los archivos de Calarcá —que puso en tela de juicio la solidez y el control de la información en procesos sensibles— terminó por erosionar el respaldo político a la iniciativa.
Desde el Gobierno se reconoce que mantener un proyecto sin posibilidades reales de avanzar podría convertirse en un desgaste innecesario, tanto para la agenda legislativa como para la política de seguridad y paz. Por ello, el Ministerio de Justicia analiza escenarios que incluyen ajustes profundos al texto, la redefinición del alcance del sometimiento o incluso la decisión de no insistir en el Congreso bajo las condiciones actuales. La evaluación también responde a la necesidad de evitar un nuevo hundimiento que debilite aún más la credibilidad de la política de paz total.
El futuro del proyecto permanece abierto y dependerá, en gran medida, de la capacidad del Gobierno para recomponer apoyos, aclarar el rumbo de su estrategia frente a los grupos armados y ofrecer garantías claras a la sociedad y a las víctimas. Entre tanto, la incertidumbre alrededor de la ley envía una señal de alerta sobre las dificultades que enfrenta el Ejecutivo para materializar una de sus banderas más ambiciosas y sobre el complejo equilibrio entre negociación, sometimiento y fortalecimiento institucional en la búsqueda de la paz.
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