Después de casi 500 días de protestas ininterrumpidas, las comunidades de los corregimientos Cuatro y Siete de Villavicencio lograron que el Gobierno accediera a trasladar el peaje La Libertad, ubicado en la vía que conecta a la capital del Meta con Puerto López. La decisión se anunció como una victoria significativa para más de 30.000 habitantes que, durante años, denuncian los impactos económicos, sociales y productivos derivados de un peaje que consideraban injusto y perjudicial para su movilidad cotidiana.
Los voceros de la manifestación explicaron que el cobro del peaje no solo encarecía los desplazamientos diarios hacia Villavicencio, sino que también afectaba el comercio local, el transporte escolar, las actividades agropecuarias y el acceso a servicios esenciales. El prolongado plantón ciudadano, que se mantuvo con relevos, asambleas y diálogos permanentes, se convirtió en un símbolo de resistencia organizada y pacífica en la región.
La decisión de reubicar la estación de recaudo fue tomada tras una serie de mesas técnicas entre líderes comunitarios, autoridades locales y el Gobierno nacional, en las que se evaluaron alternativas que permitieran garantizar la financiación vial sin sacrificar el bienestar de las comunidades rurales. El traslado del peaje, que será ejecutado en los próximos meses, representa no solo un alivio económico para los habitantes, sino también un precedente sobre el poder de la movilización social frente a decisiones de infraestructura que carecen de consenso territorial.
Con este anuncio, las comunidades esperan que el Gobierno cumpla los compromisos pactados y que el futuro trazado del peaje contemple criterios de equidad, impacto social y concertación real. La jornada pone fin a una de las protestas más largas registradas en el Meta y abre un nuevo capítulo en la relación entre el Estado y las zonas rurales que históricamente han sentido que sus voces no son escuchadas.
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