El tablero de las consultas presidenciales previstas para marzo de 2026 atraviesa una fase decisiva de depuración, marcada por ajustes estratégicos, ausencias relevantes y debates internos sobre el mecanismo más conveniente para medir fuerzas antes del inicio formal de la contienda presidencial. Tanto en la izquierda como en la derecha, los partidos y movimientos reconocen que el escenario inicial —amplio y fragmentado— resulta inviable en términos políticos, logísticos y electorales, por lo que avanzan en la reducción de nombres y en la redefinición de reglas de juego.
Uno de los principales remezones en este proceso ha sido la decisión de figuras como Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella de no acudir a una consulta interpartidista en las urnas. Sus posturas, distintas en forma pero coincidentes en fondo, han obligado a los bloques políticos a replantear sus planes, especialmente en sectores que veían en una gran consulta un mecanismo de legitimación y cohesión. La negativa de estos aspirantes ha debilitado la idea de una medición masiva y ha reabierto la discusión sobre el uso de encuestas como alternativa para definir candidaturas.
En este contexto, al menos seis aspirantes lograron sellar un primer acuerdo político para avanzar en un mecanismo común de selección, lo que representa un paso inicial hacia la consolidación de alianzas. Sin embargo, ese pacto aún está lejos de ser definitivo. Persisten diferencias sobre el método, los tiempos y las condiciones de competencia, así como dudas sobre la transparencia y credibilidad de las encuestas frente al respaldo que otorga una consulta abierta. Los plazos legales siguen corriendo, pero el margen para ajustes todavía existe.
En la derecha, el énfasis está puesto en evitar una dispersión que termine favoreciendo a otros bloques ideológicos. Por ello, varios sectores apuestan por filtros previos, mediciones sucesivas y acuerdos políticos que permitan llegar a marzo con un número reducido de opciones. En la izquierda, en tanto, el desafío es equilibrar la búsqueda de unidad con las tensiones internas heredadas del actual gobierno y con el desgaste que genera la polarización, lo que hace más compleja la construcción de un mecanismo aceptado por todos.
Así, la fase de depuración no solo implica sacar o sumar nombres, sino redefinir la forma en que se construye la legitimidad de las candidaturas presidenciales. Las decisiones que se tomen en las próximas semanas serán determinantes para saber si marzo se consolida como el gran punto de partida de la carrera hacia la Casa de Nariño o si, por el contrario, las encuestas y los acuerdos de cúpula terminan reemplazando a las urnas como principal termómetro político.
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