El Gobierno de Estados Unidos dio un giro significativo en la forma como presenta su acusación contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y otros altos funcionarios de su entorno. El Departamento de Justicia decidió suavizar la narrativa que durante años sostuvo la existencia del llamado ‘Cártel de los Soles’ como una organización criminal dedicada al narcotráfico, y optó por caracterizar el caso como una red de corrupción incrustada en el aparato estatal venezolano, con vínculos indirectos al tráfico de drogas, pero sin la estructura clásica de un cártel.
Este cambio marca una ruptura con el enfoque que predominó durante la administración de Donald Trump, cuando fiscales y voceros oficiales describían al Gobierno venezolano como una organización criminal transnacional dedicada de manera sistemática al envío de cocaína hacia Estados Unidos. En ese momento, la figura del ‘Cártel de los Soles’ se convirtió en un eje central del discurso político y judicial de Washington frente a Caracas, reforzando una estrategia de máxima presión diplomática y económica.
Según la nueva postura del Departamento de Justicia, la evidencia reunida no permite sostener de manera sólida la existencia de un cártel estructurado en los términos tradicionales del crimen organizado. En lugar de ello, las autoridades estadounidenses hablan ahora de una red de funcionarios civiles y militares que, desde distintas posiciones de poder, habrían facilitado o permitido actividades ilícitas, incluyendo el narcotráfico, como parte de un sistema más amplio de corrupción y abuso institucional.
Este replanteamiento no implica la retirada de los cargos ni una absolución política o judicial para Maduro o sus aliados, pero sí redefine el alcance del caso. La acusación se enfoca en prácticas de corrupción estatal, protección a grupos armados y uso de instituciones públicas para fines ilegales, más que en la operación directa de un cártel de drogas con jerarquía, mando único y control territorial, como se había sostenido en el pasado.
Analistas consideran que el cambio de narrativa responde tanto a criterios jurídicos como políticos. En el plano legal, el Departamento de Justicia busca fortalecer sus expedientes con descripciones más ajustadas a la evidencia disponible, evitando conceptos que puedan ser cuestionados en tribunales. En el ámbito político, la nueva formulación reduce la carga retórica del caso y se alinea con un enfoque más pragmático de la relación de Estados Unidos con Venezuela, en un contexto regional marcado por negociaciones, mediaciones internacionales y la necesidad de estabilidad energética.
Desde Caracas, el Gobierno venezolano ha insistido en que todas las acusaciones son infundadas y motivadas políticamente. No obstante, el abandono del término ‘Cártel de los Soles’ es visto por sectores del chavismo como una confirmación de que la tesis impulsada durante años carecía de sustento jurídico sólido. En contraste, voces de la oposición venezolana advierten que el cambio no debe interpretarse como una exoneración, sino como una reformulación estratégica del caso.
En adelante, el proceso judicial y el discurso oficial de Estados Unidos apuntan a presentar al régimen venezolano como un sistema corroído por la corrupción y la impunidad, más que como una organización criminal clásica. Este matiz, aunque técnico, tiene profundas implicaciones políticas y diplomáticas, pues redefine la forma en que Washington justifica sus sanciones, su presión internacional y su relación futura con el poder en Caracas.
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