La abogada y doctora en Derecho Diana Guzmán Rodríguez, directora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) —considerada una de las organizaciones de derechos humanos más creíbles de Colombia— ofreció una entrevista profunda sobre los recientes ataques ordenados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Venezuela el pasado 3 de enero de 2026. Estos ataques incluyeron una incursión militar que causó la muerte de militares y civiles, así como la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, actualmente detenidos en Nueva York.
Guzmán explicó que 38 organizaciones de derechos humanos de toda Latinoamérica firmaron por primera vez un comunicado conjunto para condenar estos hechos, los cuales consideran no solo una violación de derechos humanos, sino también una ruptura grave del derecho internacional. Según ella, la acción militar de Estados Unidos se realizó sin autorización de instancias multilaterales ni contextos jurídicos que la justifiquen, como una guerra formal o una legítima defensa, y vulnera la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza entre Estados sin aprobación del Consejo de Seguridad.
Para Guzmán, lo ocurrido sienta un precedente sumamente peligroso para la región y el orden internacional, porque puede normalizar ataques de grandes potencias contra países más pequeños, sin respetar la soberanía ni los mecanismos jurídicos existentes. Esta preocupación se ve acentuada por recientes declaraciones de Trump, que han incluido amenazas similares hacia Colombia, Cuba, México e incluso Groenlandia, lo cual revela una política exterior más agresiva y unilateral.
La directora de Dejusticia también reflexionó sobre las instancias multilaterales internacionales: aunque el Consejo de Seguridad de la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA) han discutido el tema, no ha existido una respuesta contundente ni unidad para frenar las acciones de Washington, lo que deja al sistema internacional en una situación de debilidad frente a este tipo de agresiones.
Guzmán abordó además la labor de la Corte Penal Internacional (CPI), que venía investigando violaciones de derechos humanos en Venezuela antes de esta ofensiva militar. A su juicio, la propia CPI ha sido objeto de ataques políticos y financieros por parte de Estados Unidos, lo cual refleja un desmantelamiento de mecanismos de justicia internacional.
Un punto concreto y urgente de la entrevista fue el llamado que hicieron a la Fiscalía General de la Nación de Colombia para que investigue los ataques a embarcaciones (lanchas) destruidas en aguas del Caribe, donde murieron al menos 115 personas, incluidos colombianos, durante operaciones de EE. UU. contra supuestos narcotraficantes. Guzmán subrayó que una investigación exhaustiva en Colombia sería un primer paso hacia la justicia y la verdad, antes de considerar instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional.
Finalmente, la entrevistada lamentó que estas acciones afecten también la perspectiva de la democracia en América Latina, la cual, según ella, se halla en riesgo no solo por regímenes autoritarios locales, sino porque históricamente potencias como Estados Unidos ya no respaldan públicos principios democráticos ni derechos humanos, privilegiando en cambio políticas basadas en el uso de la fuerza.
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