En una entrevista reciente, Diana Guzmán Rodríguez, directora de Dejusticia y vocera de un grupo conformado por 38 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de América Latina, analizó a profundidad el impacto de los ataques ordenados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Venezuela el pasado 3 de enero de 2026. Guzmán es abogada y doctora en Derecho, especializada en derecho constitucional, y desde hace tres años lidera Dejusticia, una de las ONG con mayor reconocimiento en Colombia en el ámbito jurídico y de derechos humanos.
La académica y activista subraya que la operación impulsada por Washington —que incluyó incursiones militares en varios estados venezolanos y la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores— constituye una ruptura clara de la legalidad internacional. Según Guzmán, la acción de Estados Unidos violó la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza sin autorización del Consejo de Seguridad u otros elementos de legitimación como la legítima defensa, ninguno de los cuales se presentó en este caso. La operatividad unilateral de EE. UU. y la ausencia de mecanismos multilaterales subrayan la flagrante vulneración de la soberanía venezolana, un principio básico del derecho internacional contemporáneo.
La portavoz advierte que este episodio tiene implicaciones no solo para Venezuela, sino para toda América Latina y el orden global. Afirma que la acción estadunidense sienta un precedente peligroso que abre la puerta a intervenciones futuras contra otros países —mencionando incluso amenazas dirigidas hacia Colombia, Cuba y otros Estados vecinos— socavando la vigencia de normas que han regido las relaciones interestatales desde la Segunda Guerra Mundial.
Guzmán destaca que instancias multilaterales como el Consejo de Seguridad de la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA) tienen un papel clave para contener estas violaciones, pero que la falta de consensos políticos entre países y regiones limita su efectividad. En ese sentido, aprecia la condena formal de varios Estados al ataque, aunque advierte que sin acciones concretas y coordinación entre Estados, estas declaraciones se quedan en simples formalismos.
La directora de Dejusticia también critica la postura de la administración estadounidense hacia otros mecanismos internacionales, como la Corte Penal Internacional (CPI), que ha sido objeto de ataques y presiones por parte de Trump, lo que debilita aún más el entramado jurídico que protege los derechos humanos a nivel global.
Finalmente, Guzmán reconoce las profundas violaciones de derechos humanos que han tenido lugar en Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, lo que hace compleja cualquier discusión sobre su legitimidad. Sin embargo, enfatiza que esa realidad no justifica una agresión armada unilateral por parte de un Estado extranjero, pues ello amenaza la democracia regional, el respeto a la soberanía y deteriora las reglas internacionales que han sido pilares para evitar conflictos armados entre naciones.
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