
Colombia alcanzó nuevamente niveles de endeudamiento similares a los registrados durante la crisis del COVID-19, aunque ahora no por una emergencia sanitaria, sino para cerrar el déficit en el Presupuesto General de la Nación 2026.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro acudió a los mercados internacionales con una **emisión récord de bonos por US$4.950 millones, una de las más altas en la historia reciente del país, contrayendo deuda con el propósito de financiar las necesidades fiscales del próximo año.
A diferencia de la emisión de deuda en 2020, cuando Colombia obtuvo un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) con tasas de interés relativamente bajas (alrededor de 2,35 %), la reciente colocación se concretó a un costo cercano a 5,93 %, es decir, más del doble de lo que se pagó en plena pandemia.
Para expertos, este mayor costo financiero refleja un cambio estructural en el acceso del país a los mercados. Aunque Colombia sigue encontrando demanda por sus títulos, la percepción de mayor riesgo y la presión fiscal elevan las tasas que los inversionistas exigen para prestar. (“El mercado está dispuesto a prestar, pero solo a ese precio”, explican analistas económicos.)
El presidente Petro ha defendido la operación, asegurando que la tasa en dólares con la que ahora se endeuda es más baja que en otras emisiones, atribuyendo los resultados a decretos fiscales que buscan fortalecer el perfil de riesgo del país.
A pesar de estas explicaciones, algunos economistas advierten que si se convierten las tasas en moneda local, los costos podrían ser aún mayores, incluso superando las tasas de interés que actualmente paga el Gobierno en el mercado interno. Esto es indicativo de que, aunque la deuda sea necesaria para financiar el gasto público, su servicio será más caro para las finanzas nacionales en el mediano y largo plazo.
La operación también pone sobre la mesa el debate sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas en un contexto en el que la deuda externa total de Colombia supera los US$239.000 millones, equivalente a cerca del 55 % del Producto Interno Bruto (PIB), según informes del Banco de la República.
El retorno a niveles de endeudamiento comparables a los de la pandemia —pero bajo condiciones de mercado más onerosas— genera inquietudes entre analistas financieros y políticos sobre el futuro fiscal del país, en un escenario de déficit persistente, crecimiento económico moderado y presión sobre la percepción de riesgo.

