La cartera de Vivienda, Ciudad y Territorio se pronunció ante la preocupación de miles de propietarios residenciales por el impacto del récord de aumento del salario mínimo 2026 en las cuotas de administración de edificios y conjuntos cerrados.
La incertidumbre surgió tras reportes de posibles incrementos en las cuotas de administración que coincidirían con el 23,7 % de aumento del salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV) este año, generando inquietud entre familias que temen una escalada en los gastos de vivienda. Sin embargo, el Ministerio aclaró que no existe una regla automática que obligue a que las cuotas suban en la misma proporción que el salario mínimo ni por decreto nacional.
Fuentes de la institución señalaron que la determinación del valor de la cuota de administración depende del presupuesto anual de cada copropiedad, el cual se elabora y aprueba en asamblea de propietarios, según lo estipula la Ley 675 de 2001 sobre propiedad horizontal. Esto implica que el ajuste se hace con base en los costos reales de operación —como vigilancia, aseo, mantenimiento y servicios comunes— y en el peso que cada rubro tiene dentro del presupuesto general, no por un porcentaje fijo ligado al salario mínimo.
Expertos consultados señalan que, aunque el impacto del alza del salario mínimo sí puede influir indirectamente en algunos rubros de gasto —especialmente los intensivos en mano de obra—, no existe una obligación legal de replicar ese porcentaje de ajuste en la cuota de administración. Además, no hay un tope legal específico que limite cuánto pueden subir los cobros, siempre que el incremento esté debidamente sustentado en el presupuesto anual y aprobado por asamblea.
De esta forma, según MinVivienda y especialistas del sector inmobiliario, cada copropiedad es responsable de definir sus ajustes según sus necesidades reales, y el aumento del salario mínimo puede ser uno de los factores de presión, pero no el único ni determinante por ley.
Este pronunciamiento busca despejar dudas en un contexto de amplio debate público sobre el efecto que los incrementos salariales tienen sobre los costos asociados a la vivienda, especialmente para propietarios que viven en conjuntos residenciales y que deberán aprobar sus presupuestos y cuotas durante los primeros meses de 2026.
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