La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, asumió la investigación penal contra la exdiputada del Meta Claudia Ximena Calderón León, quien enfrenta serios señalamientos por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y otros posibles delitos relacionados con el incremento injustificado de su patrimonio mientras se desempeñó en cargos públicos.
Las actuaciones del caso, registradas en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) y consultadas recientemente, revelan que el proceso, iniciado desde 2025 por la Fiscalía 19 Especializada, ha sido objeto de diversas diligencias investigativas para establecer el origen del masivo patrimonio económico que rodea a Calderón y su entorno familiar.
La denuncia, presentada por un ciudadano anónimo, sostiene que Calderón León —contadora pública con carrera política que incluyó cargos como concejal de Villavicencio y diputada de la Asamblea del Meta desde 2001 hasta 2023— habría incrementado su patrimonio de forma desproporcionada respecto a sus ingresos como servidora pública. Este presunto patrimonio incluye bienes inmuebles cuyo valor, según la Fiscalía, superaría ampliamente lo esperable para una funcionaria con sus salarios oficiales.
Según los documentos judiciales y las denuncias públicas, una parte significativa de los bienes está registrada a nombre de sus padres, quienes también habrían adquirido múltiples propiedades tras el inicio de la carrera política de Calderón, lo que ha despertado sospechas sobre posibles ventas simuladas o maniobras para ocultar activos.
El caso no se limita solo al ámbito penal. La Procuraduría General de la Nación también abrió un proceso disciplinario por presunto incremento patrimonial injustificado, tanto a favor de la exdiputada como de terceros —incluyendo familiares—, en el que se detallan decenas de bienes adquiridos durante el ejercicio de funciones públicas y que no se corresponderían con sus ingresos conocidos.
Las investigaciones en curso buscan esclarecer si Calderón incurrió en delitos como enriquecimiento ilícito de servidor público, enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de activos y tráfico de influencias. La fase actual comprende recolección de pruebas, análisis de movimientos patrimoniales e interrogatorios a personas vinculadas al caso.
Hasta el momento, la exdiputada no ha sido declarada culpable, y el proceso sigue en etapa de indagación. Sin embargo, el cambio de competencia hacia una unidad anticorrupción de mayor especialización indica que las autoridades consideran seriamente las irregularidades denunciadas y buscan determinar responsabilidades judiciales precisas.
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