Bogotá, 19 de enero de 2026 — El Gobierno Nacional y los mandatarios de varias regiones del país se reunieron este lunes para analizar el impacto de la emergencia económica decretada por el Ejecutivo, en un intento por superar el fuerte desacuerdo entre el Ejecutivo y los gobernadores. La reunión fue confirmada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien explicó que el encuentro tiene como objetivo revisar las inquietudes de los mandatarios departamentales y evaluar los efectos del decreto en las finanzas territoriales.
La emergencia económica fue declarada a finales de diciembre de 2025 por el presidente Gustavo Petro como respuesta a un serio problema fiscal tras la caída de una reforma tributaria en el Congreso, y permite al Gobierno implementar nuevas medidas fiscales sin necesidad de pasar por el legislativo. Entre estas medidas figura el incremento del IVA al tabaco y a bebidas alcohólicas, así como ajustes en otros tributos, que buscan recaudar recursos para equilibrar el presupuesto nacional.
Un bloque de al menos 20 gobernadores de diferentes departamentos ha expresado su rechazo a estas medidas, advirtiendo que afectan la autonomía fiscal regional y ponen en riesgo recursos claves para sectores como salud, educación y deporte. Estas autoridades han planteado que el aumento en impuestos sobre productos como licores y cigarrillos reduce las rentas territoriales y debilita la capacidad presupuestal de sus departamentos.
El ministro Ávila defendió la estructura de la emergencia económica, asegurando que no habrá reducción de los ingresos actuales de los departamentos, ya que los tributos adicionales derivados de los incrementos impositivos estarán a cargo de la Nación. Además, afirmó que se trabaja en mecanismos de control más estrictos para prevenir posibles efectos adversos como el aumento del contrabando.
No obstante, tras el encuentro de este lunes, no se logró un acuerdo definitivo entre las partes. Algunos gobernadores mantienen su posición de no aplicar el decreto, lo que ha intensificado la tensión política entre el Gobierno y los entes territoriales.
En paralelo, varios departamentos han anunciado acciones legales y recursos ante la Corte Constitucional para impugnar la constitucionalidad de las medidas, argumentando que vulneran principios de autonomía y sostenibilidad financiera.
El desarrollo de estas conversaciones y los posibles pronunciamientos judiciales serán clave para definir el rumbo de la política fiscal en medio de un escenario económico retador en Colombia.
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