Bogotá, 21 de enero de 2026 — El Partido Comunes —que representa políticamente a los excombatientes de las extintas Farc surgidos del Acuerdo de Paz de 2016— denunció este miércoles que las acciones y decisiones del Gobierno Nacional han generado un riesgo significativo para la vida e integridad de los firmantes del acuerdo de paz. La colectividad elevó su preocupación ante lo que consideran un debilitamiento de las garantías de seguridad y la implementación de condiciones pactadas en el proceso de reincorporación.
Según el comunicado oficial del partido, la amenaza no proviene únicamente de grupos armados ilegales, sino también de lo que consideran un clima político adverso que se ha intensificado tras la firma del decreto de emergencia económica y otras iniciativas gubernamentales que, a su juicio, han desviado atención y recursos de los compromisos del Acuerdo de Paz. El partido afirmó que estas acciones han generado una percepción de abandono y mayor vulnerabilidad entre los excombatientes y sus comunidades.
📍 Señalamientos del partido político
En su denuncia, Comunes insiste en que el Estado no ha cumplido con lo pactado en materia de seguridad integral para los excombatientes, un componente contemplado en el Acuerdo de Paz para proteger a quienes abandonaron las armas y se reincorporaron a la vida civil. Entre los aspectos planteados por la colectividad están:
- Insuficiencia de medidas de protección frente a amenazas de grupos armados ilegales que operan en zonas rurales donde se encuentran comunidades de excombatientes.
- Retrasos en la implementación de programas de seguridad, que deberían incluir mecanismos de acompañamiento, apoyo institucional y atención a denuncias de riesgo.
- Percepción de abandono estatal, relacionada con la asignación de recursos y la priorización de políticas que no consideran las particularidades del proceso de paz.
El partido argumenta que estos factores incrementan la exposición de exguerrilleros y sus familias a posibles ataques y socavan la confianza en la capacidad del Estado para garantizar condiciones de vida seguras y dignas para quienes se acogieron al acuerdo.
⚖️ Contexto de la implementación del Acuerdo de Paz
El Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) estableció, entre otros puntos, un capítulo específico de seguridad para la reincorporación de excombatientes. Este incluye el acompañamiento de organismos del Estado, planes de seguridad territorial y programas de atención integral para quienes dejaron las armas y se integraron a la ciudadanía.
Sin embargo, en los últimos años diversas organizaciones sociales, víctimas y partidos políticos, incluidos los firmantes del acuerdo, han expresado preocupaciones respecto al ritmo y eficacia de la implementación, especialmente en lo relativo a seguridad, acceso a tierras, desarrollo rural y participación política. El incremento de la violencia en regiones como Cauca, Nariño, Chocó, Meta y Guaviare —donde operan grupos armados ilegales— ha exacerbado estos temores.
Organizaciones de derechos humanos han documentado atentados, asesinatos y amenazas contra excombatientes, líderes sociales y defensores de derechos humanos, lo que ha generado llamados nacionales e internacionales para reforzar las garantías de seguridad y cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo de Paz.
📊 Reacciones y desafíos
La denuncia de Comunes llega en un contexto político marcado por el debate sobre la emergencia económica decretada por el Gobierno, la cual ha sido objeto de recursos legales ante la Corte Constitucional y críticas por posibles efectos sobre la autonomía territorial y la asignación presupuestal. Sectores de la oposición han señalado que esta emergencia podría implicar una priorización de recursos que desvía atención de políticas sociales y de paz.
Por su parte, el Gobierno Nacional ha expresado en diversas ocasiones su compromiso con el Acuerdo de Paz, aunque también ha enfatizado la necesidad de ajustes en la implementación y en el enfoque de algunas políticas para adaptarse a cambios socioeconómicos y fiscales del país. Autoridades han reiterado que la seguridad de los ciudadanos, incluidos los excombatientes, permanece en el centro de la agenda estatal, aunque los mecanismos específicos de protección permanecen en desarrollo.
Expertos en paz y seguridad señalan que la consolidación del Acuerdo de Paz requiere no solo presencia institucional, sino también resultados concretos en términos de seguridad, desarrollo local, acceso a oportunidades económicas y reconocimiento social para los excombatientes. El desafío, según analistas, está en traducir compromisos formales en condiciones efectivas de vida y confianza ciudadana.
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