Bogotá, 21 de enero de 2026.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció una serie de medidas que impactarán directamente el desarrollo de las campañas políticas de cara a las elecciones de 2026, con el objetivo de proteger los derechos de los ciudadanos y frenar prácticas que venían generando inconformidad generalizada entre la población.
De acuerdo con la entidad, la decisión busca regular el uso de datos personales y los mecanismos de contacto utilizados por campañas y partidos políticos, especialmente aquellos que afectaban la tranquilidad de los ciudadanos durante los procesos electorales. La SIC dejó claro que el respeto por la privacidad será un eje central en el desarrollo de la contienda política.
Uno de los puntos más relevantes de la medida es que se pone fin a uno de los comportamientos más criticados por los colombianos, relacionado con la recepción reiterada de mensajes no solicitados con propaganda política. Según explicó la Superintendencia, este tipo de prácticas vulneraban el derecho a la protección de datos personales y a la intimidad.
La entidad recordó que las campañas políticas están obligadas a cumplir la normativa vigente en materia de habeas data, y que el uso de bases de datos para fines proselitistas debe contar con autorización expresa de los ciudadanos. De no cumplirse estas condiciones, los responsables podrían enfrentar sanciones administrativas.
La SIC también reiteró que los ciudadanos tienen el derecho de exigir la eliminación de sus datos personales de bases de campañas políticas y de presentar quejas formales cuando consideren que sus derechos han sido vulnerados durante la difusión de propaganda electoral.
Estas medidas se enmarcan en el proceso de preparación institucional para las elecciones de 2026 y buscan garantizar un equilibrio entre la actividad política y la protección de los derechos fundamentales, en un contexto de creciente uso de herramientas digitales para la comunicación electoral.
Con esta decisión, la Superintendencia de Industria y Comercio refuerza su rol como autoridad en la defensa de los consumidores y usuarios de servicios, trasladando ese enfoque al ámbito político y enviando un mensaje claro a los actores electorales sobre los límites en el uso de la información personal.
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