Un contrato público para la instalación de paneles solares —vinculado al empresario Euclides Torres— registra avances en los pagos de recursos públicos sin que se evidencie una generación proporcional de energía, lo que ha generado inquietud en sectores políticos y organismos de control, de acuerdo con una investigación de La Silla Vacía.
El proyecto fue concebido bajo el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), una entidad del Ministerio de Minas y Energía destinada a impulsar energías limpias en comunidades vulnerables del Caribe colombiano. Sin embargo, pese a que ya se han desembolsado decenas de miles de millones de pesos, los paneles solares pactados no han empezado a producir kilovatios de energía ni han sido conectados al sistema eléctrico nacional, según el análisis periodístico.
El contrato de mayor valor dentro de este proceso fue adjudicado a la Unión Temporal Energiza, integrada en gran parte por empresas vinculadas al clan empresarial de Torres. Esta adjudicación figura entre varios contratos que, según investigaciones previas, suman más de 180 000 millones de pesos en contratos de energías renovables obtenidos por empresas aliadas a Torres durante la administración actual.
Pagos sin resultados técnicos
Según La Silla Vacía reconstruyó, ya se han desembolsado cerca de 38 000 millones de pesos al contratista, mientras que la obra principal —instalar y conectar paneles solares para beneficiar comunidades vulnerables— no ha mostrado resultados tangibles pese a que el plazo contractual original estaba diseñado para finalizar en diciembre de 2025. Está en proceso la fase de construcción, pero no hay evidencia de generación comunitaria de energía.
Expertos y críticos han señalado que, aunque la expansión de energías renovables en Colombia presenta un panorama prometedor —con megaproyectos e inversiones privadas en camino—, la falta de mecanismos competitivos claros y procesos robustos de supervisión estatal dificulta la ejecución eficiente y transparente de contratos de este tipo. Fuentes del sector energético han advertido acerca de la necesidad de estructuras regulatorias que promuevan participación amplia y eviten concentraciones de contratos en pocos actores sin experiencia técnica comprobada.
Polémica y acciones de control
El caso ha trascendido más allá del atraso en la entrega técnica del proyecto. En 2024, el propio fondo Fenoge suspendió un contrato por 95 000 millones de pesos para instalación de paneles solares en el Caribe que beneficiaba a empresas vinculadas a Torres, tras denuncias de falta de experiencia y posibles favorecimientos, lo cual motivó investigaciones de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.
Estos cuestionamientos incluyeron señalamientos de que se modificaron requisitos de contratación para permitir que una empresa sin experiencia en sistemas solares se hiciera con el contrato, lo que añadió más presión política y mediática sobre la ejecución de este tipo de proyectos.
Adicionalmente, cargos de control también han sido abiertos por la Procuraduría para investigar contratos multimillonarios adjudicados por Fenoge a empresas relacionadas con el mismo conglomerado empresarial, lo que ha ampliado la revisión jurídica sobre la ejecución de recursos públicos en el sector de energías limpias.
Implicaciones para la transición energética
El retraso en la generación de kilovatios por parte del contrato bajo escrutinio ocurre en un contexto donde Colombia ha avanzado en otros frentes de energía solar, con proyectos privados y asociaciones estratégicas para generar cientos de megavatios de capacidad solar nueva y cumplir metas de energía renovable, como se ha visto en recientes megaproyectos y subastas de energía. Estas iniciativas reflejan un crecimiento del sector solar más allá de la esfera del contrato en cuestión.
Sin embargo, la polémica evidencia que, para cumplir los objetivos energéticos del país, no es suficiente asignar recursos: también se requiere transparencia en la contratación, supervisión técnica efectiva y resultados verificables, especialmente cuando se trata de llevar energía limpia a comunidades vulnerables que hoy no se benefician de los sistemas instalados.
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