Bogotá, 26 de enero de 2026. Una investigación sobre la contratación estatal durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro revela un incremento significativo en la nómina por prestación de servicios, con un crecimiento de casi 7.000 nuevos cargos creados en diferentes ministerios entre 2022 y 2025, lo que ha generado fuertes cuestionamientos sobre el manejo del gasto público y la estabilidad laboral dentro de la administración, según informó Semana.
El análisis fue realizado por José David Castellanos, investigador y experto en gestión pública y candidato a la Cámara por el Nuevo Liberalismo, quien examinó más de 105.000 contratos firmados por todos los ministerios con base en datos registrados en las plataformas Secop I y II. De acuerdo con el estudio, el valor de los contratos de prestación de servicios pasó de $12,1 billones en 2022 a $19,3 billones en 2025, lo que representa un incremento de $7,2 billones en tres años.
Cargos y crecimiento institucional
Según la investigación, el número de personas vinculadas al Estado mediante contratos de prestación de servicios subió de 11.851 a 18.685, lo que equivale a cerca de 7.000 cargos nuevos creados bajo distintas modalidades contractuales durante esta administración.
El aumento no fue homogéneo en todas las dependencias. Por ejemplo:
- En el Ministerio de Salud, la nómina por prestación de servicios creció un 154 %.
- En Agricultura, subió un 127 %; en Ambiente, 117 %; y en Trabajo, 285 %.
- El crecimiento más llamativo se presentó en el Ministerio de Cultura, donde la contratación temporal habría aumentado 1.985 % desde 2022.
Diversas voces políticas y analistas han descrito estas cifras como una forma de “nómina paralela”, argumentando que el aumento de personal contratado por servicios podría implicar un uso discrecional de recursos públicos para fortalecer estructuras políticas dentro del Estado.
Impacto fiscal y endeudamiento
Castellanos afirmó que este incremento en la contratación se ha sostenido a través de endeudamiento, uso de ahorros y compromisos a futuro, lo que, en su opinión, refleja tensiones fiscales del Gobierno frente al crecimiento de la nómina. En ese contexto, advirtió que en enero de 2026 se realizó la mayor emisión de deuda externa de la historia del país —$4.950 millones de dólares— que deberán pagar los colombianos con intereses en los próximos años.
Debate sobre estabilidad y empleo
Otra dimensión resaltada por el análisis es el cambio en la duración de los contratos. Mientras que en gobiernos anteriores una proporción mayor de contratos tenía vigencia de nueve meses o más, en el Gobierno Petro esa proporción se ha reducido, con un aumento de contratos temporales de corta duración, reforzando la percepción de que se ha sustituido contratación estable por modelos más frágiles de vinculación laboral.
Críticos señalan que esta modalidad puede afectar la estabilidad laboral de los trabajadores, al tiempo que plantea dudas sobre la eficiencia del gasto público y la sostenibilidad de las finanzas estatales, especialmente en un contexto donde la administración enfrenta presiones fiscales debido a déficits, crecimiento de deuda y grandes gastos en distintas áreas del presupuesto.
Reacciones y contexto político
Sectores de oposición y expertos han calificado el aumento de la nómina por prestación de servicios como un escándalo de clientelismo, aludiendo a prácticas de contratación con fines políticos y de fortalecimiento de redes dentro del Estado, justo en un año electoral. Estas críticas han ganado fuerza en las semanas previas a las consultas y elecciones de 2026, donde el uso de recursos públicos y la estructura del empleo estatal son temas recurrentes en el debate público.
Hasta el momento, el Gobierno no ha emitido una respuesta oficial detallada a la investigación. Sin embargo, este nuevo escándalo se suma a otros cuestionamientos sobre la gestión estatal en el último periodo de la administración de Petro, en un contexto de creciente escrutinio público sobre el uso de los recursos y la política de contratación en Colombia.
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