Bogotá, enero de 2026. Con la temporada de inscripciones cerrada y miles de aspirantes registrados para las elecciones legislativas de marzo de 2026 —donde se elegirán 108 senadores y 187 representantes a la Cámara— seis candidatos destacaron por su trabajo de denuncia y control político y ahora buscan un escaño en el Congreso de la República bajo la bandera de la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia institucional.
Según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, un total de 3.231 ciudadanos se postularon para ser parte del Legislativo, pero solo unos pocos lograrán curul en la próxima legislatura. Entre ellos, se identificaron seis perfiles que han construido reputación pública por su vigilancia de procesos administrativos y políticos y por elevar denuncias de presuntos casos de corrupción.
Más voces anticorrupción en el Congreso
La lista de candidatos incluye a quienes han vigilado procesos de contratación y defensa del interés público desde distintas posiciones políticas. Varios de ellos han llevado al debate público situaciones como presuntos “carteles de diplomas irregulares”, supuestos contratos injustificados, casos de acoso institucional y más, en diversos escenarios tanto regionales como nacionales.
El crecimiento de este grupo de “cazadores anticorrupción” en las listas al Congreso se da en un contexto de creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones políticas y en un momento en el que temas de transparencia, uso de recursos públicos y eficiencia administrativa son ejes centrales de la discusión pública previa a los comicios.
Un perfil de control político como propuesta electoral
Más allá de su trabajo de denuncia, estos candidatos han trazado sus campañas sobre la promesa de fortalecer la vigilancia institucional, promover reformas normativas anticorrupción y aumentar la rendición de cuentas dentro del Estado. Su experiencia —según sus propias declaraciones y hojas de vida— combina denuncias documentadas, debates de control político y seguimiento técnico de procesos, con la intención de llevar ese enfoque al escenario legislativo.
Con las elecciones legislativas programadas para el 8 de marzo de 2026, estas candidaturas serán parte de la evaluación ciudadana al momento de definir la nueva conformación del Congreso y su papel en el fortalecimiento de la transparencia y la lucha contra la corrupción en Colombia.
📰 Candidatos anticorrupción y sus denuncias clave
- Jennifer Pedraza(Cámara de Representantes — Dignidad y Compromiso)
- Denunció presuntas irregularidades en la Fundación Universitaria San José, especialmente el caso de Juliana Guerrero, señalando que se graduó sin cumplir requisitos académicos y publicó documentos que prueban la falta de asistencia a clases y el pago de matrículas.
- Ha sido crítica contra funcionarios denunciados por violencia de género, como Hollman Morris, lo que incluso derivó en confrontaciones judiciales por injuria y calumnia.
- Ha denunciado la crisis del sistema de salud, como el aumento de la deuda en Nueva EPS y fallas en servicios de atención.
- Daniel Briceño(Cámara de Representantes — Centro Democrático)
- Ha presentado más de 600 denuncias documentadas y 20 debates de control político desde el Concejo de Bogotá.
- Cuestionó el uso de la Ley de Garantías por parte del Gobierno en el periodo preelectoral de 2025, señalando la firma de numerosos contratos sin licitación y por altos valores.
- Denunció irregularidades en contratos públicos locales, como la supuesta falta de transparencia en la contratación de EAAB Bogotá, y logró frenar compras cuestionadas en la Alcaldía de Chapinero.
- Katherine Miranda(Cámara de Representantes — Alianza Verde)
- Denunció presuntos abusos de autoridad y violaciones de derechos humanos por parte de tropas del Ejército en operaciones en zonas rurales como Itüango y el Meta.
- Señaló que el nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad violaba la cuota de género, llevando a la suspensión de la designación.
- Ha expuesto denuncias sobre la censura de medios internacionales y cuestionamientos mediáticos en torno a la primera dama Verónica Alcocer.
- Andrés Forero(Senado — Centro Democrático)
- Hizo seguimiento a la contratación pública y ampliaciones de planta en entidades intervenidas, utilizando datos de SECOP, cifras presupuestales e informes oficiales.
- Denunció un caso en Famisanar por la contratación de decenas de empleados con altos salarios y cuestionó creación masiva de cargos en el Ministerio de Salud y la Adres.
- Señaló un posible conflicto de interés en la supervisión de EPS intervenidas por firmas que también auditaron campañas políticas, además de cuestionar gastos de repatriación considerados onerosos.
- Catherine Juvinao(Cámara de Representantes — Alianza Verde)
- Expuso un presunto “cartel de diplomas irregulares” vinculado a la Fundación Universitaria San José, identificando a funcionarios y contratistas que habrían usado títulos sin cumplir requisitos para acceder a contratos públicos.
- Denunció la deuda y crisis financiera de Nueva EPS, apoyándose en cifras de Supersalud y Contraloría.
- Cuestionó cifras de ejecución presupuestal presentadas por el ministro de Igualdad y radicó quejas disciplinarias ante la Procuraduría.
- Hannah Escobar(Cámara de Representantes — independiente / movimiento ciudadano)
- Ciudadana y activista enfocada en problemas cotidianos del sistema de salud, como fallas en la entrega de medicamentos y tratamientos, interpretando datos y normas para exponer deficiencias.
- Presentó una acción de tutela por difamación tras un cruce con el presidente Gustavo Petro, con un fallo del Consejo de Estado que le ordenó retractación pública.
- Su activismo digital y análisis pedagógico de normas ha llevado a visibilizar problemas de salud pública ante una audiencia más amplia.
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