
Bogotá / Quito, enero de 2026. El Gobierno **de Ecuador elevó de manera abrupta la tarifa que Colombia paga por transportar su crudo a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), pasando de 3 dólares a 30 dólares por barril —un aumento equivalente al 900 %—, en medio de una escalada de tensiones comerciales y arancelarias con Colombia, según confirmaron autoridades ecuatorianas.
La ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, confirmó que la medida entró en vigor el 23 de enero de 2026 y se aplica al crudo que cruza por el SOTE, una de las principales infraestructuras petroleras que conecta el sur de Colombia con la costa del Pacífico ecuatoriano, donde el crudo es exportado al mercado internacional.
Este incremento se produce en medio de un deterioro notable en las relaciones económicas entre los dos países, tras una serie de medidas recíprocas: Colombia suspendió la venta de energía a Ecuador —país tradicionalmente deficiente en generación eléctrica— y, en respuesta, Quito impuso el aumento de la tarifa por el uso de sus oleoductos, además de haber establecido un arancel del 30 % a importaciones colombianas por considerar que Colombia no ha colaborado de manera suficiente en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común.
Impacto para Colombia y Ecopetrol
El SOTE, operado por la estatal Petroecuador, es utilizado principalmente por Ecopetrol, la mayor empresa petrolera de Colombia, para transportar crudo desde los campos colombianos hasta el puerto ecuatoriano de Esmeraldas, desde donde se exporta a mercados globales. Con la tarifa anterior, Colombia pagaba unos 3 dólares por barril transportado; con el nuevo nivel, la tarifa alcanza 30 dólares por barril, lo que potencia los costos de exportación de petróleo colombiano y puede impactar directamente la competitividad de este crudo en los mercados internacionales.
Aunque la tarifa del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) —otra vía de transporte similar en Ecuador— también fue mencionada inicialmente por la ministra como sujeta a cambios, la nueva tarifa anunciada fue confirmada específicamente para el SOTE, que ha transportado en 2025 cifras de alrededor de 10.300 barriles por día —tanto de Ecopetrol como de compañías privadas—, lo que implica un salto en los costos que las petroleras colombianas deberán cubrir si continúan usando esta ruta.
Guerra comercial Colombo-Ecuatoriana
El alza de la tarifa se inscribe en un contexto de choque comercial bilateral que se intensificó en enero de 2026, con acciones que han incluido aranceles y contramedidas sobre productos industriales y energéticos entre Bogotá y Quito. Esta disputa ha sido calificada por analistas como una guerra comercial entre vecinos, con el trasfondo de diferencias en políticas de seguridad fronteriza, cooperación antidrogas y balanza comercial desfavorable para Ecuador.
Además de la tarifa petrolera al crudo colombiano, Ecuador impuso en días recientes —y de manera recíproca— aranceles del 30 % sobre productos colombianos como arroz, aceites y otros bienes, lo que ha generado inquietud en sectores productivos de ambos países y podría afectar las cadenas de suministro regionales.
Repercusiones y tensiones diplomáticas
El aumento de la tarifa por el uso del SOTE ha sido interpretado por algunos analistas como una medida política y económica simultánea, más allá de una simple revisión tarifaria técnica. Las autoridades ecuatorianas defendieron el ajuste como una decisión sustentada en criterios regulatorios, aunque quedó enmarcada en un ambiente de reciprocidad por medidas comerciales previas adoptadas por Colombia.
Por su parte, desde Bogotá no se ha emitido una respuesta oficial detallada a este alza internacional de costos, pero lo ocurrido podría afectar la planificación logística y presupuestal de las exportaciones petroleras colombianas y reconfigurar acuerdos energéticos tradicionales entre los dos países.
La disputa entre Ecuador y Colombia pone de relieve las complejidades de las relaciones comerciales en la región, especialmente cuando se intersectan temas energéticos, de seguridad fronteriza y políticas arancelarias, en un momento en el que ambos países buscan consolidar su presencia en mercados externos y fortalecer su economía interna.

