Bogotá, 30 de enero de 2026. El presidente Gustavo Petro emitió este viernes una fuerte advertencia tras la decisión de la Corte Constitucional de suspender de manera provisional el decreto de emergencia económica decretado por su Gobierno a finales de 2025. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario aseguró que la determinación judicial tendrá efectos negativos para la economía y calificó la suspensión como una decisión que trasladará los costos de la crisis a la sociedad.
La Corte Constitucional había decidido días atrás frenar temporalmente el decreto que buscaba otorgarle al Ejecutivo facultades extraordinarias para implementar medidas fiscales orientadas a cerrar el déficit presupuestal de 2026, tras el rechazo de una reforma tributaria en el Congreso. Esta suspensión provisional —adoptada con una mayoría de 6 magistrados a favor y 2 en contra— detiene la aplicación de nuevos impuestos y facultades especiales mientras se examina el caso de fondo.
En su pronunciamiento, Petro afirmó que “vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia”, alegando que la decisión de la Corte de “salvar el impuesto a los megarricos” terminaría trasladando y socializando una crisis más profunda entre los colombianos. El presidente indicó que el nuevo Congreso podría terminar imponiendo el pago de esa crisis a la sociedad en general, lo cual, según su visión, se buscará frenar.
La advertencia del jefe de Estado se da en medio de un ambiente de polarización política alrededor del uso de la emergencia económica, una figura constitucional que permite al Ejecutivo expedir normas con fuerza de ley ante situaciones extraordinarias, pero que —según críticos de la medida— no estaba suficientemente justificada por hechos “extraordinarios o imprevisibles”.
Desde el Gobierno, sectores oficialistas han insistido en que la emergencia era imprescindible para enfrentar un deterioro fiscal significativo, cerrar brechas en servicios públicos y garantizar la sostenibilidad del presupuesto, aunque esta postura ha sido ampliamente cuestionada por la oposición, economistas y algunos exfuncionarios que consideran que la medida vulnera la separación de poderes y la función del Congreso en materia tributaria.
La suspensión del decreto crea incertidumbre sobre la hoja de ruta fiscal del país en 2026, ya que la medida buscaba recaudar recursos por medio de impuestos a altos patrimonios, bebidas alcohólicas y otros gravámenes que quedaron temporalmente sin efecto. La Corte continuará estudiando el caso de fondo antes de emitir un fallo definitivo en las próximas semanas.
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