Bogotá, 30 de enero de 2026. Tras la histórica decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el Decreto 1390 de 2025, que establecía el estado de emergencia económica y social declarado por el Gobierno de Gustavo Petro, otros dos decretos estrechamente relacionados quedaron también sin efectos ejecutorios mientras se decide el fondo del caso,
La suspensión provisional del decreto base —adoptada por la Sala Plena del tribunal con seis votos a favor y dos en contra— no solo detuvo las facultades extraordinarias otorgadas al Ejecutivo, sino que dejó jurídicamente inejecutables los otros dos decretos que dependían de ese marco excepcional.
Los decretos que quedan suspendidos junto al 1390 son:
- Decreto Legislativo 1474 de 2025: un decreto clave que habilitaba al Gobierno para adoptar medidas tributarias encaminadas a atender el déficit presupuestal del país. Este decreto fue expedido con el propósito de recaudar recursos adicionales para cubrir gastos del Presupuesto General de la Nación en 2026, aprovechando las facultades extraordinarias del estado de emergencia.
- Decreto 044 de 2026: otro decreto que estaba vinculado directamente a la ejecución de las medidas fiscales y operativas derivadas de la declaratoria de emergencia. Por depender de la vigencia del Decreto 1390, su vigencia quedó igualmente paralizada tras la decisión de la Corte.
Origen y alcance de la suspensión
El Decreto 1390, firmado el 22 de diciembre de 2025, había sido la piedra angular de una serie de normas expedidas por el Gobierno para enfrentar un profundo problema fiscal tras el rechazo de una reforma tributaria en el Congreso que buscaba incrementar la recaudación en más de 16 billones de pesos para el presupuesto de 2026. Al declararse la emergencia económica, el Ejecutivo obtuvo facultades excepcionales para emitir normas con fuerza de ley sin necesidad de la aprobación parlamentaria.
La Corte decidió suspender la aplicación de este estado de excepción y, por ende, de los decretos asociados —incluidos el 1474 y el 044— mientras se sigue estudiando si la emergencia cumplió con los requisitos constitucionales de excepcionalidad e imprevisibilidad necesarios para justificar su adopción.
Consecuencias económicas y jurídicas
La suspensión de los decretos relacionados representa un importante golpe a la estrategia fiscal del Gobierno para 2026, ya que las normas tributarias que se habían formulado bajo el amparo de la emergencia quedaron momentáneamente sin efecto y el Ejecutivo pierde la base legal para aplicarlas hasta que el tribunal se pronuncie de fondo.
Este conjunto de normas —promovido por el Ministerio de Hacienda y defendido en la Corte por el Gobierno— incluía varios de los cambios fiscales más controversiales de los últimos meses, como aumento de tarifas impositivas en sectores específicos y nuevos gravámenes, diseñados con el objetivo de compensar la brecha presupuestal.
La paralización de estos decretos mantiene en vilo tanto la política fiscal como la ejecución del presupuesto, elevando la incertidumbre sobre cómo el Gobierno afrontará el déficit estimado sin las herramientas extraordinarias que pretendía usar. La decisión final de la Corte Constitucional, que se conocerá en las próximas semanas, definirá si estas normas vuelven a tener vigencia o si son declaradas inconstitucionales de manera definitiva.
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