Bogotá, 2 de febrero de 2026 — El futuro político de Iván Cepeda Castro, senador y figura principal del Pacto Histórico, quedó nuevamente en vilo este lunes mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) se prepara para definir si podrá participar en la consulta interpartidista de la izquierda, prevista para el próximo 8 de marzo, que elegirá al candidato único de ese bloque para la próxima elección presidencial.
La controversia se enmarca en un intenso debate jurídico y político que ha puesto bajo presión a la alta autoridad electoral en momentos cruciales del calendario electoral colombiano.
Magistrados del CNE presentan ponencia favorable
La noche del pasado domingo, tres magistrados del CNE —Álvaro Echeverry, Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez— radicaron una ponencia que propone avalar la participación de Cepeda en la consulta de marzo, a pesar de las dudas legales que rodean su inscripción.
Según este documento, que será votado en audiencia pública por la Sala Plena de ese organismo, Cepeda sí podría figurar en el tarjetón de la consulta de la izquierda y competir internamente con figuras como Roy Barreras, Camilo Romero y Juan Fernando Cristo. La ponencia, cercana a posiciones favorecidas por sectores afines al presidente Gustavo Petro, argumenta que cada mecanismo electoral tiene naturaleza jurídica independiente, razón por la cual su participación sería legal aun cuando haya participado ya en la consulta del Pacto Histórico de octubre de 2025.
Este planteamiento ha incluido además interpretaciones sobre la reposición de votos, con criterios que podrían permitir la financiación de Cepeda por mecanismos estatales incluso si repite procesos, lo que abre una intensa discusión fiscal y jurídica.
Recusación a magistrado por presunta parcialidad
Mientras el CNE se prepara para debatir la ponencia, el caso dio un giro con la presentación de una recusación contra el magistrado Álvaro Echeverry Londoño, uno de los ponentes del expediente.
La solicitud fue elevada por Nicolás Farfán Namén, exregistrador delegado en lo electoral y abogado, quien argumenta que declaraciones públicas del precandidato Roy Barreras sobre comunicaciones directas con Echeverry podrían comprometer la imparcialidad del togado en el estudio de la inscripción de Cepeda. Según el escrito, estas conversaciones “podrían evidenciar comunicación por fuera del proceso y la posible entrega de información interna”, afectando el principio de debido proceso y el deber de neutralidad de los funcionarios.
La decisión sobre esta recusación ahora queda en manos del propio CNE, que deberá determinar si Echeverry continúa vinculado al debate o si se aparta del estudio de los expedientes relacionados.
Tensiones en el proceso y dudas jurídicas
El caso de Cepeda ha despertado dudas jurídicas entre expertos y sectores de la oposición, que señalan que su inscripción a una nueva consulta podría contravenir lo establecido en la Ley 1475 de 2011, bajo la cual se regula la participación de ciudadanos que ya han sido elegidos en mecanismos previos.
Además, hay múltiples demandas presentadas contra su inscripción, con congresistas como Katherine Miranda y Hernán Cadavid entre quienes han cuestionado la legalidad del proceso.
Contexto más amplio
Este episodio se inserta en un clima político polarizado que ha acompañado la organización de consultas interpartidistas en Colombia hacia las elecciones presidenciales de 2026. La batalla legal por la participación de Cepeda llega días después de que la Registraduría Nacional anunciara que el exalcalde Daniel Quintero no podrá participar en la consulta de izquierda por inhabilidad tras su participación en un proceso anterior —decisión que también fue consultada ante el CNE por su posible afectación jurídica.
Además, en el escenario político general, otros precandidatos han enfrentido movimientos propios o ajustes frente al calendario electoral, lo que intensifica la expectativa sobre cómo resolverá el CNE este debate.
En perspectiva
El calendario electoral colombiano —con consultas interpartidistas previstas para el 8 de marzo y primera vuelta presidencial el 31 de mayo— sitúa al CNE en una posición clave que podría definir no solo la participación de un importante líder de la izquierda, sino también sentar precedentes sobre interpretaciones legales de consultas sucesivas y la imparcialidad de los árbitros electorales. El desenlace de la ponencia y la recusación al magistrado Echeverry están llamados a ser piezas determinantes en la conducción de este proceso.
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