Bogotá, 2 de febrero de 2026 — El Consejo de Estado admitió para estudio una demanda que busca la pérdida de investidura de nueve congresistas señalados de tener presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La decisión del alto tribunal abre un proceso que podría terminar con la “muerte política” de los parlamentarios en cuestión, si se demuestra que incurrieron en conductas contrarias al régimen de ética e imparcialidad exigido por la Constitución y la ley.
La demanda, presentada por el abogado Pablo Bustos, representante de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, fue admitida tras el cumplimiento de requisitos formales por parte de la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado. Esta demanda fue objeto de una revisión inicial y, tras subsanar observaciones legales, pasó a etapa de análisis de fondo.
Congresistas involucrados y argumentos de la demanda
Los nueve parlamentarios señalados provienen de distintas bancadas y son acusados de presuntas conductas que, según los demandantes, podrían configurar causal de pérdida de investidura. La demanda se apoya en testimonios vinculados a las investigaciones penales del caso Ungrd, que involucran irregularidades en contratos, gestiones de recursos públicos y posibles influencias indebidas de congresistas en decisiones gubernamentales relacionadas con la entidad.
El escándalo de la Ungrd estalló tras múltiples investigaciones y capturas de altos funcionarios por presuntas irregularidades en la contratación y ejecución de recursos destinados a la gestión de desastres, dejando en evidencia una red de supuestas influencias que habrían beneficiado a actores políticos y particulares. Parte de esa red actualmente es objeto de proceso penal ante la Corte Suprema de Justicia.
El proceso de pérdida de investidura
Con la admisión de la demanda, los congresistas señalados tienen un plazo legal para presentar sus descargos por escrito ante el Consejo de Estado. Este trámite es el paso previo a que la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura evalúe los argumentos de fondo y determine si hay mérito para avanzar hacia un fallo definitivo.
El proceso de pérdida de investidura es independiente de las investigaciones penales que se adelantan en la justicia ordinaria, pero está ligado por los mismos hechos que se investigan en torno al manejo de recursos y al comportamiento ético de servidores públicos.
Reacciones y contexto político
La admisión de esta demanda llega en un momento de alta sensibilidad política en Colombia, dada la magnitud del caso Ungrd y la presencia de figuras políticas de distintos partidos entre los señalados. Comité de veedurías y sectores ciudadanos han respondido positivamente a la decisión del Consejo de Estado, al considerarla un paso importante en el control político y judicial de la corrupción.
Por otra parte, analistas subrayan que el proceso de pérdida de investidura puede tardar varios meses, dado que implica un análisis detallado de pruebas, descargos y argumentos legales. Mientras tanto, los congresistas señalados continúan ejerciendo sus funciones legislativas, aunque con el foco mediático y político sobre sus nombres.
La admisión de esta demanda ante el Consejo de Estado representa un nuevo capítulo en uno de los casos de mayor impacto judicial y político en la última década, en el cual se investigan presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos y la responsabilidad de altos funcionarios y representantes populares.
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