Bogotá, 2 de febrero de 2026 — El Gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta cuestionamientos por la presunta mala gestión del impuesto nacional al turismo, que habría dejado $23.000 millones de pesos sin ejecutar ni transferir adecuadamente, según una investigación periodística revelada por Infobae Colombia. La situación involucra a la Dian y a varios ministerios responsables de administrar y distribuir los recursos recaudados por este gravamen creado para fortalecer la promoción y competitividad del sector turístico.
De acuerdo con la información publicada, el impuesto al turismo —que se cobra principalmente a visitantes extranjeros— debía destinarse a programas de promoción, infraestructura y fortalecimiento del sector. Sin embargo, fallas administrativas y de coordinación institucional habrían impedido que los recursos llegaran oportunamente a su destino final.
Problemas en la administración de los recursos
El informe señala que la Dian, encargada del recaudo, y otras entidades del Ejecutivo no lograron establecer mecanismos claros y eficaces para la transferencia de los dineros recaudados. Esta falta de articulación habría generado retrasos significativos y la acumulación de recursos sin ejecutar, pese a que el sector turístico atraviesa una etapa clave de recuperación económica.
Según el reporte, el dinero se encuentra “embolatado” debido a vacíos normativos, problemas de interpretación sobre el uso de los recursos y deficiencias en la planeación presupuestal, lo que ha impedido su aprovechamiento efectivo en proyectos concretos.
Impacto en el sector turismo
La falta de ejecución de estos recursos ha generado preocupación entre actores del sector turístico, que esperaban que el impuesto se tradujera en mayor promoción internacional, apoyo a destinos emergentes y fortalecimiento de la infraestructura turística. Para algunos analistas citados, la situación refleja una desconexión entre el discurso gubernamental de impulso al turismo y la capacidad real del Estado para administrar los recursos creados con ese fin.
El informe también advierte que, mientras los fondos permanecen sin uso, destinos regionales continúan enfrentando dificultades para atraer visitantes y consolidar procesos de reactivación económica, especialmente en zonas que dependen fuertemente del turismo.
Responsabilidades institucionales
Aunque el recaudo del impuesto se ha venido realizando, la investigación periodística apunta a que la ausencia de reglas claras sobre la destinación y ejecución del dinero ha generado un cuello de botella entre la Dian y los ministerios involucrados. Esta situación habría derivado en un manejo ineficiente de los recursos públicos, sin que hasta ahora se haya anunciado una solución concreta para destrabar los fondos.
El caso ha reavivado el debate sobre la eficiencia del Estado en la administración de nuevos impuestos y la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional para evitar que recursos con fines específicos terminen inmovilizados.
Debate político y fiscal
La revelación se suma a otras críticas sobre la ejecución presupuestal del Gobierno y el manejo de los recursos públicos, en un contexto de estrechez fiscal y discusión sobre la necesidad de mayores ingresos para el Estado. Para sectores críticos, el caso del impuesto al turismo evidencia que el problema no es únicamente la falta de recursos, sino la capacidad de gestión de las entidades encargadas de administrarlos.
Hasta el momento, no se registra una respuesta oficial detallada del Gobierno frente a los señalamientos sobre los $23.000 millones que no habrían sido correctamente ejecutados, mientras crece la presión para que se esclarezca el destino de estos recursos y se adopten correctivos administrativos.
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