Bogotá, 4 de febrero de 2026 — La Defensoría del Pueblo solicitó al Gobierno Nacional que evalúe levantar la suspensión de las órdenes de captura contra jefes de las disidencias de alias ‘Calarcá’, en medio del proceso de paz que se adelanta con ese grupo armado al margen de la ley. La petición fue formulada por la defensora, Iris Marín, durante una entrevista en el programa 6AM de Caracol Radio, donde también se refirió a la seguridad en las regiones afectadas por la violencia.
Marín explicó que hizo el llamado al Ejecutivo para que revise la continuidad de la suspensión de capturas, que ha generado controversia y preocupación en sectores de la opinión pública y de las autoridades judiciales. Según la funcionaria, revisar esta medida podría ayudar a recalibrar el proceso de diálogo y verdadera paz, teniendo en cuenta el comportamiento reciente de las estructuras delictivas relacionadas con esta facción armada.
Contexto del proceso con las disidencias de ‘Calarcá’
La polémica sobre las órdenes de captura se remonta a lo que ha ocurrido con el jefe de las disidencias, Alexander Díaz Mendoza, alias Marcos Calarcá, y sus seguidores. La orden de captura contra este y otros integrantes del grupo fue suspendida en el marco de negociaciones de paz, una práctica que en Colombia puede aplicarse con el fin de facilitar el proceso de diálogo con grupos armados ilegales. Sin embargo, esa suspensión ha sido objeto de debate por sus implicaciones en materia de seguridad y justicia.
De hecho, en las últimas semanas el Gobierno ha venido evaluando la situación: el Ministerio de Defensa anunció que se está revisando si es conveniente mantener suspendida la orden de captura contra Calarcá y otros cabecillas de esa disidencia, dada la información sobre la continuidad de sus acciones violentas y la expansión de sus estructuras armadas en varias regiones del país.
Reacciones institucionales y jurídicas
La petición de la Defensoría ocurre en un contexto en el que diversas autoridades judiciales y del Estado han buscado aclarar quiénes y cómo tomaron decisiones sobre la suspensión de estas órdenes de captura. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, ha negado que sea su despacho quien ordenó la suspensión, señalando que estos actos administrativos firmados por el exfiscal Francisco Barbosa durante su gestión están siendo revisados y que cualquier suspensión de captura no implica la cancelación de investigaciones ni de posibles imputaciones.
Expertos en seguridad han señalado que la suspensión de capturas —incluso en procesos de paz— debe estar acompañada de instrumentos jurídicos claros que eviten que grupos armados ilegales aprovechen estas decisiones para continuar operaciones criminales sin consecuencias, lo que constituye un desafío para el Estado en materia de política de paz y justicia.
Debate sobre paz, justicia y seguridad
La solicitud de levantar la suspensión de órdenes de captura sobre disidencias de ‘Calarcá’ abre un debate más amplio en torno al equilibrio entre política de paz y la lucha contra la criminalidad. Por un lado, las negociaciones con grupos armados buscan terminar con décadas de violencia y ofrecer una salida pacífica a sus integrantes. Por otro, la persistencia de actividades ilícitas y la percepción de impunidad pueden deteriorar la confianza de la ciudadanía en los procesos de paz.
La Defensoría del Pueblo, al hacer este llamado, plantea la necesidad de que el Gobierno revise criterios, condiciones y garantías que acompañan la suspensión de capturas, con el objetivo de asegurar que esta figura no se convierta en un incentivo para la continuidad de actividades criminales, ni ponga en riesgo la estabilidad de las regiones donde estos grupos ejercen presencia.
El llamado de la Defensoría coincide con la atención pública sobre la situación de orden público en territorios rurales y fronterizos de Colombia, que enfrentan constantemente las consecuencias de enfrentamientos entre grupos armados ilegales y fuerzas estatales, así como los efectos de mercados ilícitos sobre las comunidades civiles.
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