
En medio de la intensificación de la temporada de lluvias y las inundaciones registradas en varias regiones del país, el sector eléctrico, encabezado por Acolgen, salió a defender la operación técnica de los embalses y a rechazar las críticas del presidente Gustavo Petro sobre un presunto mal manejo de las represas, en particular del embalse de Urrá.
Los embalses en Colombia cumplen una función clave tanto en la generación de energía como en la regulación de crecientes, y su operación está determinada por criterios técnicos, hidráulicos y de seguridad, especialmente durante episodios de lluvias intensas. Las decisiones sobre vertimientos responden a la necesidad de proteger la infraestructura y evitar riesgos mayores aguas abajo.
Acolgen afirmó, en declaraciones recogidas que verter agua no es una decisión discrecional ni política, y que hacerlo implica pérdidas económicas para los generadores, por lo que no existe incentivo alguno para “botar agua”. El gremio rechazó de manera categórica la afirmación de que en Urrá se esté liberando agua con el fin de utilizar gas más costoso para la generación eléctrica.
Según el sector, la operación de los embalses se rige por protocolos estrictos, monitoreo permanente y coordinación con las autoridades, especialmente en contextos de emergencia climática. En ese sentido, Acolgen sostuvo que los vertimientos se realizan únicamente cuando los niveles de seguridad lo exigen, para evitar daños estructurales o riesgos mayores para las comunidades.
Un embalse es una reserva artificial de agua creada mediante una presa construida sobre un río. Su función principal es almacenar y regular el agua, no solo para generar energía, sino también para controlar crecientes, abastecer acueductos y garantizar estabilidad del sistema hídrico.
Los generadores también respondieron a los cuestionamientos del presidente Petro señalando que el sistema eléctrico ha operado de manera técnica y responsable durante la ola invernal, garantizando la estabilidad del suministro energético en un contexto climático complejo.
Las inundaciones en departamentos como Córdoba, reavivaron los cuestionamientos a las hidroeléctricas, lo que llevó al sector eléctrico a reiterar que los eventos de desbordamiento están asociados a lluvias extraordinarias y no a decisiones arbitrarias en la operación de las represas.
En paralelo, el Gobierno Nacional alista un nuevo decreto de emergencia económica debido a la gravedad de la ola invernal, mientras continúan los debates sobre las responsabilidades frente a las inundaciones y la gestión del recurso hídrico en el país.
El cruce de declaraciones entre el Gobierno y el sector eléctrico se da en un contexto de alta sensibilidad social, con miles de personas afectadas por las lluvias y una discusión abierta sobre el papel de las hidroeléctricas en la mitigación —o agravamiento— de los impactos del invierno.

