El Gobierno Nacional advirtió que si la Corte Constitucional no decide reactivar la emergencia económica antes del 11 de febrero, se emitirá un nuevo decreto presidencial para garantizar la financiación de la atención a la crisis generada por las intensas lluvias que han afectado diversas regiones del país,
El ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que la disponibilidad de recursos para enfrentar la situación climática —calificada por el Ejecutivo como una calamidad pública— depende de una decisión del alto tribunal sobre si levanta o mantiene la suspensión de un decreto de emergencia económica que había sido emitido en 2025 y posteriormente suspendido.
Benedetti sostuvo que “está en manos de la Corte Constitucional” la posibilidad de liberar recursos extraordinarios destinados a la atención de las lluvias, y que si la decisión no se toma antes del plazo fijado, el Gobierno optará por expedir otro decreto para asegurar la financiación necesaria.
El presidente Gustavo Petro, en un consejo de ministros en Montería, insistió en la urgencia de contar con una definición legal para evitar retrasos en la respuesta estatal y garantizar la atención a la emergencia ambiental y social. Petro reiteró que el Ejecutivo cuenta con un “decreto madre” y señaló que la falta de pronunciamiento de la Corte limita la capacidad del Estado para movilizar recursos.
Plan B fiscal y medidas alternativas
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que si la Corte no levanta la suspensión del decreto de emergencia, el Gobierno prepara un nuevo instrumento fiscal que, entre otras medidas, incluiría un impuesto al patrimonio para grandes empresas como mecanismo para financiar la atención de los efectos de las lluvias. Según los lineamientos discutidos, ese gravamen sería aplicado a patrimonios líquidos a partir de 200.000 Unidades de Valor Tributario (UVT), con tasas progresivas según el tamaño de la empresa.
El Ejecutivo calculó que la recuperación de las zonas afectadas por las intensas precipitaciones podría requerir recursos por cerca de 8 billones de pesos, de acuerdo con estimaciones propias, lo que subraya la necesidad de obtener financiación adicional ante la magnitud de los daños.
La expectativa por la decisión de la Corte Constitucional se mantiene alta, ya que su pronunciamiento definirá no solo la vigencia de la emergencia económica y social, sino también el curso de la política fiscal y de atención humanitaria frente a una temporada invernal que ha dejado miles de familias afectadas.
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