La ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani, respondió públicamente a los cuestionamientos surgidos por los contratos firmados por su hermano con el Estado, así como a la controversia relacionada con la eventual venta de obras de Débora Arango por parte del Ministerio.
Las críticas surgieron luego de que se conociera que su hermano suscribió contratos con entidades del Gobierno por más de 300 millones de pesos. Diversos sectores políticos y mediáticos pidieron explicaciones ante un posible conflicto de interés.
“Lamento tener que responder por otro profesional”
La ministra aseguró que su hermano es un profesional independiente, con trayectoria propia, y que los contratos fueron obtenidos conforme a la ley.
“Lamento tener que responder por otro profesional”, afirmó la funcionaria, al tiempo que recalcó que no ha intervenido en ningún proceso contractual y que no existe inhabilidad legal que impida que un familiar suyo contrate con el Estado.
Desde el Ministerio señalaron que los procesos en los que participó su hermano se adelantaron bajo los mecanismos establecidos en la normatividad vigente y que no hubo direccionamiento.
Reacciones políticas y debate público
El tema ha generado debate en el Congreso y en redes sociales. Algunos sectores consideran que, aunque no exista ilegalidad demostrada, sí podría haber un cuestionamiento ético frente a la contratación de familiares de altos funcionarios.
Otros, en cambio, sostienen que no se puede limitar el ejercicio profesional de un ciudadano únicamente por su vínculo familiar con una ministra, siempre que se respeten las reglas de contratación pública.
Polémica por obras de Débora Arango
En paralelo, la ministra también se pronunció sobre la controversia en torno a la eventual venta de obras de Débora Arango, una de las artistas más emblemáticas del país, que estarían bajo custodia del Estado.
Según explicó Kadamani, no existe una decisión definitiva de vender las piezas, sino que se han evaluado alternativas para garantizar la conservación y circulación del patrimonio artístico. La funcionaria aseguró que cualquier determinación se hará respetando la normatividad de protección del patrimonio cultural.
El debate se intensificó luego de que se conociera que algunas obras vinculadas al Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) podrían entrar en procesos administrativos relacionados con su manejo y custodia.
Contexto político
Los cuestionamientos se producen en un momento de alta sensibilidad frente a la contratación estatal y el manejo de bienes públicos. La ministra insistió en que su gestión se ha guiado por principios de transparencia y que está dispuesta a entregar la información necesaria a los organismos de control.
Por ahora, no hay investigaciones formales anunciadas, pero el tema sigue generando pronunciamientos desde distintos sectores políticos y culturales del país.
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